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Grave crisis social en Perú provoca renovación de gabinete ejecutivo

Caracas, 12 Jul. ABN.- Debido a la profunda crisis social que atraviesa Perú por a la arremetida que cometió ese gobierno contra un numeroso grupo de indígenas que protestaba contra la venta de extensiones territoriales a empresas multinacionales, el Presidente Alán García decidió renovar su gabinete ejecutivo al cambiar a ocho de sus principales ministros.

Esta decisión ha ocasionado la renuncia irrevocable del Primer Ministro peruano, Yehude Simon, un político independiente con orígenes de izquierda que asumió la presidencia del Consejo de Ministros tras la crisis política originada en octubre del año pasado.

Mediante una carta, Simon enfatizó que su renuncia es una muestra de respeto a Perú, y que es consecuencia de una grave crisis social que atraviesa ese país.

“Como usted lo sabe, querido Presidente, he asumido como debe ser el costo político de esta desgracia que marca a toda la patria, y lo asumo por el respeto que le tengo al país y la lealtad a su gobierno', reza la carta del ahora ex primer ministro peruano.

Esta carta de renuncia es otro resultado de una una intensa jornada de protestas convocadas por el Frente Nacional por la Vida y la Soberanía, una plataforma de organizaciones sociales que exige la renuncia del gabinete de ministros, el fin de la persecución de líderes amazónicos y el cambio de la política económica neoliberal del gobierno de Alan García.

La otra renuncia que exige esta organización social es la de de la ministra de Interior, Mercedes Cabanillas, quien ante el Congreso se negó a asumir su responsabilidad frente al operativo de desalojo que originó la espiral de violencia en la selva amazónica.

Por su parte, el ex candidato presidencial Ollanta Humala, presidente del principal partido de oposición, sostuvo que un cambio de gabinete de ministros no es suficiente porque “Perú vive una crisis de régimen donde se confrontan dos visiones de país, lo que exige corregir el sistema económico y político representativo', aseveró.

Paralelamente, el presidente de la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería, Mario Palacios, subrayó que el gran defecto del gobierno peruano son las políticas para los pueblos indígenas, la cual ha sido muy excluida.

'El problema son las políticas que aplica el Estado para los pueblos indígenas. Un tercio de la población del país es excluida política y socialmente y para lograr su inclusión efectiva es necesario un cambio constitucional y del modelo económico que permita que sean representados', sostuvo Palacios.

Según Palacios, Perú está asistiendo a la consolidación de un movimiento indígena andino y amazónico que exige un cambio en la Constitución y también en la política económica.

'Nuestra propuesta es una nueva visión del desarrollo económico que sea integral, que priorice el agro y el sector industrial porque el gobierno sólo ha basado su política económica en la extracción de los recursos'.

Durante el gobierno de Alan García, el número de concesiones mineras y petroleras se ha incrementado exponencialmente, hasta el punto de que un 72% de la Amazonia peruana ha sido otorgada para la exploración y explotación de hidrocarburos, según la Organización No Gubernamental (ONG) Save's the Americas Forests.

Igualmente, en la provincia de Bagua se han generado hechos violentos que provocaron la muerte de más de 30 indígenas por parte de la arremetida de las fuerzas de autoridad peruanas.