TEGUCIGALPA, 3 jul (IPS) - Censura, autocensura, amenazas a periodistas y la clausura y militarización de medios de comunicación están a la orden del día en Honduras tras casi una semana del golpe de Estado. Tampoco falta el hostigamiento popular a grandes empresas periodísticas opositoras al derrocado presidente Manuel Zelaya.
Por Thelma Mejía, de la agencia IPS.
El periodista y profesor universitario Juan Ramón Durán advirtió que
"el golpe contra Zelaya sólo reavivó un viejo reclamo social a la forma
y cobertura periodística en el país". Pero "las amenazas, vengan de
donde vengan, deben ser rechazadas y condenadas porque sólo generan
incertidumbre y temor en la labor de la prensa".
"Es preocupante lo que está pasando con el periodismo en este
momento de crisis, pues es sabido que con el golpe a Zelaya la prensa
se ha visto limitada en sus coberturas", tal el caso del "cierre de
medios como Canal 36 de televisión", comentó.
A ello se suman mensajes anónimos amenazantes enviados a
grandes medios de comunicación, considerados contrarios al gobierno
destituido, lo cual ha obligado a algunos de sus periodistas a mandar a
sus familias al interior del país, indicaron fuentes consultadas por
IPS que pidieron reserva de sus nombres.
El Canal 36, propiedad del periodista Esdras Amado López y
con su línea editorial favorable a las políticas de Zelaya, permanece
ocupado por una fuerza militar y fuera del aire desde el domingo,
cuando el mandatario constitucional fue expulsado del país tras ser
destituido y reemplazado por el hasta ese momento presidente del
parlamento, Roberto Micheletti.
López aseguró que no piensa "abrir el canal mientras Micheletti esté en el poder".
El periodista Eduardo Maldonado, conductor de los espacios
informativos de ese canal "Hable como Habla" e "Interpretando la
Noticia", optó por refugiarse en la sede de la embajada de Washington
en Tegucigalpa por "temor a represalias por sus posiciones", indicó.
En los registros de IPS, el golpe cívico militar del domingo
es responsable también de la clausura temporal de por lo menos otros
tres medios electrónicos, que son el estatal Canal 8, de la Radio Globo
y de Radio Progreso de la norteña ciudad del mismo nombre, a unos 200
kilómetros de Tegucigalpa.
También en las primeras horas tras el golpe se interfirieron
las emisiones desde Honduras de las cadenas de televisión por abonados
CNN, de Estados Unidos, y Telesur, que transmite para América Latina
con base en Venezuela.
Por más de cinco horas ese domingo, Honduras no sabía a
ciencia cierta que pasaba, la electricidad se interrumpió por tres
horas y el servicio de Internet fue interrumpido en forma constante,
hasta normalizarse al filo de la tarde de ese día.
La programación en las estaciones de radio y televisión
locales se centró, en algunos casos de forma voluntaria, en difundir
programas musicales, películas y dibujos animados, y sólo fueron
interrumpidas para leer boletines oficiales. Las noticias se reanudaron
después del mediodía pero sólo para transmitir la asunción del gobierno
que desplazó a Zelaya.
En el caso de Canal 8, la señal fue sacada del aire cuando se
aprestaba a informar del golpe de Estado, y sólo volvió a ser
reactivada un día después. Radio Globo también ya volvió a su
programación habitual.
La jefa de redacción de Radio Progreso, Karla Rivas, dijo a
IPS que el domingo "un grupo de militares se presentaron en la radio y
nos sacaron, sin orden judicial, y nos conminaron a que dejáramos de
transmitir las noticias del golpe y nos sacaron del aire".
"Al día siguiente, al regresar a la emisora, vimos que no
había militares, decidimos reanudar nuestras actividades, pero nos
sentimos intimidados", acotó.
Rommel Gómez, quien colabora con Radio Progreso, relató
telefónicamente a IPS que el jueves fue "objeto de una detención
militar cuando estaba ejerciendo mi trabajo de reportero". "Los
militares me detuvieron por dos horas, me pidieron mis datos y tomaron
foto no se con qué propósitos", denunció.
El lunes, cuando la fuerza pública reprimía una manifestación
a favor de la restitución del gobierno democrático en los alrededores
de la sede presidencial, trascendió que periodistas de Telesur y de la
agencia de noticias estadounidense Associated Press fueron sacados de
sus hoteles por efectivos militares, quienes los detuvieron por un par
de horas y, tras constatar su documentación, los dejaron en libertad.
A todo esto, organizaciones y redes de periodistas defensoras
de la libertad de expresión han condenado lo que denominan "un cerco
mediático" en Honduras, a lo cual se sumó en un comunicado difundido el
jueves el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) para la libertad de expresión, el guatemalteco Frank La Rue.
"Nos preocupa que se haya decidido suspender la transmisión
de algunas estaciones de televisión y el cierre de otros medios de
comunicación social, por lo que la población hondureña padece en la
actualidad de ausencia de información suficiente en esta crisis",
escribió La Rue.
A las condenas se sumó la estatal Universidad Nacional
Autónoma de Honduras, que exhortó a la ciudadanía y al gobierno a un
"irrestricto" respeto a la libertad de expresión.
Pero el clima de polarización, que observadores indican se
profundizó con el golpe de Estado, también hizo que periodistas del
Canal 45 de Tegucigalpa fueran golpeados por simpatizantes de Zelaya.
La directora de esa emisora, Enma Calderón, pidió "un alto a este
hostigamiento que estamos sufriendo todos, (pues) la prensa no es
culpable del golpe".
La explosión el jueves de dos bombas caseras en una de las
plantas repetidoras de transmisión de Radio América, en el nororiental
departamento de Olancho, así como otro artefacto explosivo desactivado
la noche del martes en las instalaciones centrales de la radio, en
Tegucigalpa, son algunos indicios del clima de crispación y violaciones
a la libertad de expresión en el país.
Por su parte, jefes de redacción de periódicos y televisión
mostraron a IPS mensajes anónimos en sus teléfonos móviles que en tono
amenazante les indican: "cuídate hijo de puta, servil al imperialismo".
Además, un denominado "Comando Ciudadano" difundió una lista
de unos 15 periodistas a quienes identifica como "enemigos de la
democracia, conócelos y actúa". La lista la encabezan los principales
coordinadores que conforman el llamado "pool" de los grandes medios de
comunicación en Honduras. Uno de ellos se vio obligado a enviar a su
familiar al exterior.
Ese grupo lo conforman La Corporación Televicentro, que
aglutina los canales 3,5 y 7, las radioemisoras HRN, Radio Cadena Voces
y Radio América, y los diarios de mayor circulación El Heraldo, La
Prensa y la Tribuna.
La incertidumbre en que se desenvuelven los periodistas hoy,
según Durán, pasa porque "no han venido cumpliendo en la última década
su papel de balance informativo".
"En la actual crisis institucional es evidente que los
grandes medios de comunicación han sacrificado la vocación de servicio
público por una empresarial a favor del libre mercado, que impide una
libre circulación de la información", afirmó.
"No cabe duda que la prensa hondureña ha cerrado sus espacios
a un debate serio de la crisis, ya no quieren hablar de un golpe de
Estado sino que de una sucesión constitucional, y el nuevo gobierno,
con la suspensión de garantías constitucionales y el cierre de medios,
no respeta las reglas del juego que pasan por garantizar un efectivo
cumplimiento de la libertad de expresión", puntualizó.
El rechazo a la forma tradicional del periodismo, al dar la
espalda a los procesos sociales, "nos tiene en un alto clima de
polarización ideológica, y ello está arrastrando a la prensa a ser
parte activa de la política partidaria, alejándola cada vez de su labor
de equilibrio", explicó Durán a IPS.
"Cuando pase esta crisis, los medios de comunicación están
obligados a revisar el triste papel jugado últimamente en la
democracia", dijo a IPS, a su vez, la socióloga Leticia Salomón, de la
estatal Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
Un informe de la relatoría especial de la ONU indica que la
concentración en la propiedad de los medios de comunicación en Honduras
constituye un impedimento al ejercicio de la libertad de expresión y el
periodismo de investigación, al sentirse muchos periodistas
intimidados, al punto de que prefieren "actuar con cautela" ante
determinados temas de interés nacional.
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