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Perú, nueve años después

La Paz, 19 jun (ABI) – El Perú del presidente Alan García, uno de los dos bastiones de la economía de libre mercado y el ostracismo estatal en Sudamérica, parece soltado sin frenos en la misma vía que la Bolivia neoliberal de principios de este siglo transitó sin remisión desde abril del año 2000.

Por Coco Cuba

Nueve años después y en medio de otro contexto regional dominado por los progresistas Lula En Brasil, Tabaré Vásquez en Uruguay, Cristina Kirchner en Argentina, Fernando Lugo en Paraguay, Rafael Correa en Ecuador, Michelle Bachelet en Chile y Hugo Chávez en Venezuela, el gobierno del socialdemócrata García precipitó a Perú sobre un escenario fangoso, después de ordenar una brutal represión para acallar las protestas de los aborígenes de las selvas amazónicas del nordeste del país encendidos contra la entrega de sus territorios a privados.


    Hace casi una década, en el territorio de su hermano univitelino, Bolivia, estallaba una protesta que terminó envolviendo el país, lo mismo, de mayoría poblacional indígena, y que en menos de un lustro parió un nuevo modelo estatal.

    Parte de la misma jurisdicción territorial en las posesiones ultramarinas de España, Bolivia y Perú, hasta 1824 Alto Perú y Bajo Perú, tienen vidas paralelas y provienen de una misma matriz histórica y cultural, salvados sus propios matices.

    Un lustro después que el Perú de Alberto Fujimori acabara con la guerra del maoísta Sendero Luminoso, que en una década dejó 50.000 muertos, Bolivia se sumergió en un espiral de violencia y agrietamiento institucional en abril de 2000, cuando la población de la central ciudad de Cochabamba se alzó contra la privatización del servicio de suministro de agua y tras una semana de tumultos sociales, de varios muertos y heridos a manos de militares desplegados por el entonces presidente Hugo Banzer, desalojó a una empresa anglo española.

    Desde ese momento Bolivia se vio sobrepasada y en medio de un vendaval de acontecimientos, mientras Perú, dejaba atrás al fujimorismo y daba una pequeña pauta de lo que avisa venir: sentaba en el virreinal Palacio del Conquistador español Francisco Pizarro a un hombre de piel cetrina, pero estudiado en libro grande de letra chica, el “Cholo” Alejandro Toledo, luego de un gobierno de transición presidido por el magistrado Valentín Paniagua, un abogado que aprendió a leer y escribir en las aulas de un colegio de la ciudad boliviana de Sucre.

    Bolivia y Perú, donde Fujimori también redujo a cenizas al irregular guevarista Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, comparten una frontera común de más de 1.000 km, tanto en los Andes como en la Amazonia, donde el gobierno de García siente ahora que la tierra cimbra.

    A la designada “guerra por el agua” de abril de 2000, cuando la masa insurrecta ignoró un estado de sitio dictado por Banzer, siguió en Bolivia un remezón cuando, en setiembre de ese año, policías y militares estuvieron a un tris del enfrentamiento.

    La crisis en Bolivia por la vigencia de un Estado de sesgo liberal, fundado en una economía de mercado emplazada sobre la estructura de un decreto que mandó al país más pobre de Sudamérica a las aguas insondables del libre mercado, en 1985, se había instalado en medio de un debate minúsculo y apagado en aras de la gobernabilidad y la paz social, para entonces epidérmica.

    Mientras tanto en Perú ya se había alzado, en los estertores del régimen de Fujimori, el militar Antauro Humala, que seguido de una tropa se rebeló en los Andes peruanos. Su movimiento fue conjurado, pero dejó brasas bajo corteza.

   Con el mismo Toledo, un populista de derechas formado en centros europeos y estadounidenses, el modelo liberal no sufrió alteraciones y el país mantuvo proa hacia el libre comercio propugnado por Washington en la región que comenzaba a remecer.

    De Ecuador salieron expulsados Abdala Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez, este último en helicóptero, pues el Palacio de Atahuallpa en Quito se encontraba tomado por el pueblo enervado en las calles en demanda de justicia social.

    En el interín Fernando de la Rúa y su sucesor Eduardo Duhalde no aguantaron la presión social y los caceroleos y resignaron en Casa Rosada, el primero en helicóptero y el segundo a paso prisa.

    Mientras en Bolivia cocía a fuego lento el cambio de paradigma y en lontananza despuntaba el liderazgo de un indio cocalero de apellido Morales, que llegó a discutir en las urnas la silla presidencial con el ultraliberal Gonzalo Sánchez de Lozada, en la Venezuela de los adecos y copeianos, la derecha trataba de tumbar, en abril de 2002, al presidente Hugo Chávez que amenaza con revolver, como si se tratara de un calcetín, el estado de cosas en su país, preñado de petróleo, pero pobre en líneas generales, como la mayor parte de los países sudamericanos.

    Sánchez de Lozada ganó la Presidencia de Bolivia en un refrenda congresal tras las elecciones de 2002 e intentó cerrar un negocio que su antecesor, el conservador Jorge Quiroga (2001-02) lo acercó ad portas de la firma y ejecución: vender gas boliviano en tanqueras al insaciable mercado de Estados Unidos por medio de una tubería tendida desde los yacimientos de Tarija -controlados a todo esto por multinacionales que él mismo ayudó a aterrizar en su primer mandato, entre 1993 y 97- y un puerto de Chile, que también precisaba de gas tras los recortes que le aplicó la Argentina post Carlos Menem, sumida en una crisis energética de envergadura.

    El conflicto se encendió por el irresuelto contencioso marítimo boliviano chileno.

    En febrero de 2003, Sánchez de Lozada trató de cerrar sus cuentas fiscales en rojo gravándole un impuesto a los salarios de la población y, acto seguido, se le encendió un follón que marcaría el cambio de rumbo de Bolivia.

     Policías rebeldes y militares leales al mandatario ultraliberal se mataron entre sí en plena Plaza de Armas de La Paz y siete meses después Sánchez de Lozada, el último de los liberales, debió agarrarse de un helicóptero para poder salir, con las justas, de las incandescentes La Paz y El Alto.

    Su sucesor Carlos Mesa saltó cual fusible por el mismo corto circuito social y económico y el magistrado Eduardo Rodríguez no hizo más que conducir la transición hasta la celebración de elecciones adelantadas, en diciembre de 2005, que deparó un sorpresón: el tal Morales, el cocalero “bloqueador” concentró las demandas de cambio y con el 54% de los votos, “una tremenda legitimidad”, a decir del entonces presidente del estable Chile, Ricardo Lagos, se hizo del gobierno en Bolivia.

    Para entonces el Perú gobernando por un Toledo en decadencia, cuya popularidad orilló el 9% al cabo de su mandato, se puso en trance electoral y, en medio de una campaña salpicada de soterrados discursos anticomunistas y antindigenistas, Alan García  sostuvo una dura pulsada en las urnas con el otro de los Humala, Ollanta, que no pudo coronar en el balotaje.

    García, que en su primer mandato en los ’80 sumió al Perú en la más grave crisis del siglo XX, ganó la silla presidencial más por virtud de una campaña mediática de desprestigio contra Humala que por méritos propios.

    El Perú de García en los últimos tres años ha sostenido un crecimiento sustancial de la economía que, como ha sucedido invariablemente en los países latinoamericanos que adoptaron el modelo liberal, no impacta en las mayorías depauperadas.

    El Perú de García ha crecido en los últimos dos años a un ritmo de casi dos dígitos, pero los pobres no han sentido la boyante economía en sus bolsillos.

   La administración García ha logrado atraer la inversión extranjera, del tipo de la que lleva la torta y deja los mendrugos.

    En la gestión de García Perú ha suscrito tantos Tratados de Libre Comercio (TLC) como el tiempo y los trámites legales se lo han permitido, el más importante con Estados Unidos.

    En la corriente por instrumentalizar el TLC, el mandatario peruano mandó a aprobar una serie de decretos para concesionar los recursos naturales de la selva amazónica de Perú.

    Los aborígenes de esa región se alzaron a principios de abril por la derogatoria de esa plancha de leyes y, a García no se le ocurrió mejor idea que -como Sánchez de Lozada en octubre de 2003 cuando ordenó apagar a cualquier costa una insurrección popular en El Alto y La Paz contra sus políticas privatistas- reprimirlos el pasado 5 de junio con el resultado de al menos 50 muertos entre indígenas y policías y un Perú erizado, en los umbrales, pese a retirar los decretos contra los que se alzaron los indios peruanos.

    Perú y la Colombia del conservador Alvaro Uribe, son ahora mismo las plazas del sistema liberal en la región.