Lima (Perú) , 5 jun (ABI).- Al menos 22 campesinos muertos dejó el viernes una brutal represión de la Policía de Perú a indígenas y pobladores que cortaban una ruta en el noroeste del país andino en demanda de la anulación de varios decretos.
Los hechos se sucedieron cuando la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía reprimió con ráfagas de bala desde helicópteros la carretera Fernando Belaunde Terry, a la altura de la ciudad de Bagua, en la región de Amazonas, unos 900 km al noreste de Lima, informó la estatal argentina de noticias Telam.
La ministra del Interior (Gobierno),
Mercedes Cabanillas, informó que 9 policías murieron, 7 uniformados y
30 civiles resultaron heridos de bala y son 100 los heridos leves, por
partes iguales entre efectivos y civiles.
Sin embargo, el máximo dirigente de la huelga indígena, Alberto
Pizango, aseguró que, según los reportes llegados desde la zona, el
número de nativos muertos es al menos de 22, y que extraoficialmente se
habla de tres más, cifras que no fueron mencionadas por el gobierno.
Entre los fallecidos figura el dirigente local Santiago Valera, en
circunstancias aún no conocidas, un profesor y un estudiante
universitario muertos por disparos, según informó Julio Linares, de la
oficina de Comunicaciones de la Red Comunitaria de Salud, en tanto
algunos medios de prensa indicaron que entre las víctimas fatales hay
dos periodistas.
La confusión en el lugar de los hechos se trasladó a los hospitales
a medida que fueron recibiendo a los heridos y ante el inminente
colapso el Ministerio de Salud declaró el alerta roja en todos los
centros de salud de la región Amazonas, según informó en un comunicado.
Mientras tanto, en Baguá hay desórdenes de todo tipo que incluyen
la quema de edificios, entre ellos la gobernación, y la sede del
gobernante Partido Aprista Peruano (PAP).
La ministra del Interior coordina el envío de personal militar de
la zona para restablecer el orden, y se espera que unos 100 efectivos
lleguen a Baguá.
Los manifestantes cortaban la ruta desde hacía 10 días en el marco
de la protesta iniciada hace casi dos meses, por el que comunidades
indígenas y pobladores locales exigen al Ejecutivo derogar decretos que
consideran contrarios a los derechos de los pueblos nativos sobre la
tierra y que permitirían la explotación indiscriminada de los recursos
naturales de la Amazonía.
La huelga está focalizada en los departamentos Amazonas, Cusco, Loreto, San Martín y Ucayali.
El gobierno responsabilizó de lo ocurrido a Pizango y a los demás
dirigentes, a los que el presidente Alan García acusó de asumir
actitudes "delincuenciales" y de responder a intereses internacionales
que pretenden hundir al país en el caos.
"Estamos en un proceso de manipulación política. Los nativos no son
ningunos santos; han baleado a la policía. Tiene que ampliarse el
estado de emergencia a otras zonas y deben participar las Fuerzas
Armadas", clamó por su parte la ministra del Interior, quien también
acusó a Pizango de estar al frente de un plan en contra del gobierno.
Pizango, a su turno, atribuyó el "genocidio" a García, a la
ministra Cabanillas, y al presidente del Congreso, Javier Velásquez
Quesquén, en este último caso por no permitir el debate en el
Legislativo de los decretos cuya derogación exigen los nativos.
Según Pizango, los nativos se habrían replegado si el pleno del
Congreso hubiera debatido el jueves el dictamen de la Comisión de
Constitución que pidió derogar el más resistido de los decretos, la ley
forestal, por inconstitucional.
El presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la
Selva Peruana negó además que los indígenas estuvieran armados y dijo
que las muertes de policías baleados podría obedecer al fuego cruzado
desatado por ellos mismos.
El viceministro de Justicia, Erasmo Reyna, quien informó que se coordina con el Ministerio Público, Procuradores y los
Defensores de Oficio de Chachapoyas el control de la zona, consideró
que lo ocurrido hoy "no responde a actos de protesta, sino de
destrucción".
Por su parte, la Confederación General de Trabajadores del Perú
condenó la matanza, de la que responsabilizó al gobierno que "lejos de
solucionar las demandas de los pueblos amazónicos responde con
violencia contra la población indefensa".
Por ello, exigió al Congreso la inmediata derogación de los
decretos y al gobierno el cese la represión y la vuelta al diálogo.
La central obrera llamó, además, a todas sus bases sindicales y a
las organizaciones políticas y sociales a condenar "estos hechos
luctuosos y a movilizarse en respaldo y solidaridad con los pueblos
amazónicos".
RedCentral (en base de Telam)/cc ABI
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