Se trata de una banda mixta compuesta por civiles, policías y hasta un agente de la Secretaría de Inteligencia (SIDE), que sustraía dinero de depósitos de argentinos en el extranjero mediante complejas maniobras.
La causa recayó en el TOF 6, que deberá poner fecha de inicio para el debate oral.
Unas 25 personas serán sometidas a juicio oral acusadas de haber integrado una banda mixta, compuesta por civiles, policías y hasta un agente de la Secretaría de Inteligencia (SIDE), que cometió millonarias estafas a clientes de bancos en el extranjero.
La causa, que se inició en noviembre de 2005 y en la que se investigó a la "banda de los simuladores", tal como se la conoció en los Tribunales, fue elevada a juicio oral y público por el juez federal Daniel Rafecas y recayó en el Tribunal Oral en lo Federal (TOF) 6, que deberá poner fecha de inicio.
Al grupo se le imputan millonarias estafas sustrayendo dinero de depósitos de argentinos en el exterior, mediante una compleja maniobra que incluía desde la interrupción del servicio telefónico hasta la sustracción de legajos policiales de las víctimas.
Entre los procesados por el juez Rafecas, con la intervención del fiscal Guillermo Marijuán, se encuentran Marcelo Pizzini y el abogado Fabián Goncálvez, considerados jefes de la organización y actualmente detenidos en la cárcel de Devoto.
Las maniobras delictivas comprobadas en los más de 70 cuerpos de actuaciones (unas 14.000 fojas) consistían por un lado, "en el desvío del servicio de líneas de telefonía fija de diversos clientes, en su mayoría de la empresa Telecom Argentina S.A., que fue la que realizó la primera denuncia ante la Justicia y que derivó en dejar al descubierto el caso.
Según pudieron determinar los investigadores, la maniobra comenzaba con técnicos en telefonía que se dirigían a las cajas emplazadas en la vía pública, en las cuales se encuentran los "pares" (cables correspondientes a los servicios) telefónicos.
Luego, los estafadores procedían a la desconexión del cable respectivo, dejando así al cliente sin servicio telefónico, mientras que en otros casos, se procedía a conectar el par del cliente a un teléfono portátil desde el cual se solicitaban los datos filiatorios del titular de la línea, para la reinstalación del servicio.
"Efectuado el desvío de las líneas telefónicas, estas personas, haciéndose pasar por los titulares, realizaban pedidos de transferencia dineraria desde las cuentas que éstos poseen en entidades bancarias radicadas en el exterior, contando para ello de precisa información, tanto sobre los titulares de las cuentas bancarias, como de los datos de éstas", dijo una fuente judicial.
Además, indicó que "las solicitudes se concretaron en primer lugar, mediante llamados telefónicos a los bancos extranjeros, así como también por posteriores solicitudes escritas, que cursaban vía fax".
Esos pedidos "llevaban las firmas de sus titulares falsificadas o escaneadas, donde además de indicar los datos de las cuentas y de sus titulares, se consignaban los números telefónicos donde comunicarse para confirmar las órdenes de los giros bancarios", agregó el investigador.
Con ello, se procuraba que, cuando el personal bancario pretendiera comunicarse con el cliente para confirmar la solicitud de giro dinerario, la llamada no pudiera ser atendida por el titular de los fondos, y en los casos en que las líneas fueron transferidas las llamadas eran atendidas directamente por los imputados.
"Con esta operatoria, en algunos supuestos se intentaron -y en otros se consumaron- las fraudulentas transferencias dinerarias en favor de otras cuentas bancarias indicadas en las espurias notas cursadas por fax, a las que los autores tenían acceso para retirar el dinero y poder así disponer de éste", añadió la misma fuente.
Las solicitudes escritas que se enviaban por fax fueron acompañadas, en muchos casos, de falsas reproducciones de Documentos Nacionales de Identidad de los titulares de las cuentas, mientras que en otras ocasiones se acompañaron reproducciones verdaderas de sus pasaportes.
La fuente consultada sostuvo que "en estos últimos casos, se comprobó que los legajos de identidad respectivos obrantes en el ámbito de la Policía Federal Argentina poseían desprendidas las fojas donde se asentaban las reproducciones en cuestión, mientras que en otros casos directamente el legajo se encontraba extraviado".
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