06/05/2009 - En General

Morales exige a separatistas no usar instituciones para camuflarse

La Paz, 6 mayo (ABI).- El presidente Evo Morales exigió el miércoles a quienes financiaron o alentaron acciones separatistas no utilizar instituciones y organizaciones civiles para camuflarse, durante una reunión en Palacio Quemado donde se estableció un pacto para combatir el terrorismo en Bolivia.

"Es preocupante que extranjeros planificaran dividir Bolivia. Si alguna persona está implicada con estos grupos, si tiene algo de dignidad, tiene que defenderse ante la justicia. Pero no tiene derecho a usar a su institución ni a su departamento para camuflarse", intimó el mandatario.

La intimación del gobernante se registró después que el fiscal Marcelo Soza, que investiga un foco terrorista en Bolivia implicará al prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, al empresario croata Branco Marinkovic y al ganadero Guido Náyar, entre otros siete empresarios y dirigentes civiles de ese departamento en el este del país, como supuestos financiadores de la célula de mercenarios extranjeros desarticulada a mediados de abril por la Policía.

El político empresarial Comité Pro Santa Cruz, que agrupa a empresas e instituciones locales, cerró filas en torno a los implicados y anunció una estrategia para resistir la acción de Soza, que lidera las pesquisas.

Morales advirtió que quienes estén involucrados en la instalación de un grupo de milicianos europeos y criollos que tramaban la separación de Santa Cruz de Bolivia, deben someterse a los dictados de la Constitución Política del Estado, que tipifica como traición a la patria cualquier acción terrorista que apunte a la fragmentación territorial del país.

De acuerdo con la legislación constitucional boliviana comete delito de traición a la patria quien "tome armas contra su país, se ponga al servicio de Estados extranjeros participantes, o entre en complicidad con el enemigo, en caso de guerra internacional contra Bolivia".

También penaliza a quien viole el régimen constitucional de recursos naturales y a quien atente contra la unidad del país.

"Este delito merecerá la máxima sanción penal" de 30 años de cárcel sin derecho a indulto, concluye.

La Legislación internacional que adhirió Bolivia, indica la confiscación de los bienes de quienes se hayan alzado contra la unidad del país.

Al respecto, Morales demandó a las organizaciones empresariales, económicas, sociales y políticas que participaron en la reunión, afirmar una convicción única para defender a Bolivia y no permitir que "se descuartice Bolivia como a Tupac Catari", un líder indígena que se rebeló contra el poder de España y que fue descoyuntado en 1781 por órdenes de autoridades peninsulares.

Advirtió que, como Gobierno, no tolerará bajo ninguna circunstancia que se atente nuevamente contra la unidad de Bolivia.