"Toda institucionalización produce un deterioro evolutivo y, por ende, la respuesta a una supuesta desviación genera otra más grave", sostuvo el juez de la Corte Suprema.
En una charla realizada por la comisión de Legislación Penal de Diputados, reafirmó la necesidad de diferenciar las situaciones que involucran a menores de 17 años.
El ministro de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni, consideró ayer que la
privación de la libertad de los menores debe ser usada "como último
recurso" y se mostró en contra de bajar la edad de imputabilidad, a la
vez que pidió que el nuevo régimen termine con "inconstitucionalidades"
actuales como la criminalización de la pobreza.
Zaffaroni
sostuvo que el nuevo régimen de responsabilidad penal juvenil "debe
dejar sin efecto las inconstitucionalidades como las que permiten que
se apliquen las mismas penas a los menores entre 14 y 17 años y la que
criminaliza la pobreza".
Al exponer en la Cámara de Diputados,
Zaffaroni sostuvo que bajar la edad de imputabilidad "sería agravar la
situación con otra inconstitucionalidad", al recordar que se estaría
pasando por alto los pactos y convenios internacionales ratificados por
Argentina.
El ministro fue invitado por la comisión de
Legislación Penal, que preside la diputada oficialista, Nora César; a
exponer los principales lineamientos de un documento de su autoría que
marca una diferenciación en el abordaje de situaciones, cuando éstas
involucran a chicos de 14 y 15 años y los de 16 y 17.
Al
explicar su propuesta, el magistrado puso de relieve la necesidad de
establecer una escala penal especial para adolescentes, distinta a la
de los mayores de edad. "Hay que prever detalladamente las
consecuencias de las disposiciones de la ley, ya que pueden traer
graves consecuencias", alertó Zaffaroni, quien pidió que se asegure que
hay infraestructura judicial para afrontar el nuevo sistema.
Tras
su exposición, y al responder a una inquietud de la diputada Vilma
Ibarra, sobre las estadísticas en torno a la delincuencia juvenil, el
juez indicó que "los casos de delitos violentos cometidos por menores
son excepcionales".
Nora Cortiñas, integrante de la Asociación
Madres de Plaza de Mayo, que participó del debate, se preguntó si la
justicia investiga "quiénes le dan la droga y las armas a los menores"
y les pidió a los diputados que "no se apuren por sacar la ley".
Ante
otra consulta, Zaffaroni pidió que el futuro régimen provea al juez que
juzgue a los menores "de un amplio abanico de posibilidades, en el cual
la privación de la libertad sea la última instancia" y recomendó hacer
una evaluación exhaustiva de la infraestructura para poner en práctica"
el nuevo sistema.
Para el magistrado, con el nuevo sistema de
responsabilidad penal juvenil "tiene que bajar el número de niños y
adolescentes institucionalizados".
Finalmente, Zaffaroni dijo
que la nueva ley podría fijar disposiciones marco, a las cuáles podrían
adaptarse y adherirse las provincias.
En tanto, la subdirectora
del CELS, Andrea Pochat, aclaró que ese organismo "no tiene proyecto"
aunque consideró que el sistema actual "merece una reforma porque
mientras tanto hay chicos que están condenados a cadena perpetua" y
pidió a los diputados que tengan "un debate serio" sobre el tema.
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