Comienza el primer juicio por los crímenes de lesa humanidad en Campo de Mayo

El primero de los juicios por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la guarnición de Campo de Mayo durante la dictadura se iniciará este lunes cuando en el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín arranque el debate por el secuestro y asesinato de Floreal Avellaneda, un militante adolescente de sólo 15 años.

Por este hecho, ocurrido hace 33 años, están acusados dos generales que ejercieron la máxima autoridad en la mayor unidad militar del país, junto a otros cuatro represores imputados por los delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidio.

Se trata del entonces jefe del Comando de Institutos Militares, general Santiago Omar Riveros, y su jefe de inteligencia, general Fernando Ezequiel Verplaetsen.

En vísperas del juicio la justicia les revocó la detención domiciliaria y los remitió a un penal federal junto al director de la Escuela de Infantería de Campo de Mayo, Osvaldo García.

También están procesados sus subordinados César Fragni y Raúl Harsich, y el principal Alberto Aneto, de la comisaría de Villa Martelli, lugares todos donde el pibe fue llevado junto con su made Iris Pereyra.

El "Negrito" Avellaneda y su mamá fueron secuestrados por un grupo de tareas del ejército el 15 de abril de 1976 de su domicilio de Munro y torturados en la comisaría para que revelaran el paradero de su padre, un delegado gremial y afiliado comunista de igual nombre.

La madre fue blanqueada días después al ser puesta a disposición del Poder Ejecutivo por dos años, pero el cadáver del chico apareció el 14 de mayo flotando en la costa de Uruguay junto a otros siete cuerpos, con signos de salvajes torturas que incluyó el empalamiento.

El caso, registrado por la CONADEP bajo el legajo 1639, fue uno de los más conmovedores revelados en el histórico Juicio a los Comandantes, donde la madre relató que Floreal no huyó de la casa junto a su padre obedeciendo su orden de quedarse "para cuidarme".

La aparición de los cuerpos, apenas 50 días después del golpe, fue revelada por la prensa uruguaya, y fue uno de los primeros indicios de que algunos secuestrados eran arrojados al río o al mar para borrar sus rastros.

"En Campo de Mayo funcionaron cuatro centros ilegales de detención y una maternidad, pero los delitos están fragmentados en cuarenta causas con 500 víctimas, apenas la décima parte de las que realmente hubo", dijo a Télam el abogado Jorge Brioso, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y patrocinante de Iris.

Se trata, de una gran cantidad de causas por la represión de activistas sindicales en la zona norte del Gran Buenos Aires, entre ellos el secuestro de las comisiones gremiales completas en las automotrices Ford y Mercedes Benz, de los astilleros e industrias textiles, por caso Floreal Avellaneda padre, entonces delegado en la fábrica Tensa.

Algunas de estas, ya esperan fecha de inicio y sentarán en el banquillo a figuras como el ex dictador Reynaldo Bignone y al ex policía Luis Abelardo Patti, recién elevado a juicio oral.

Los jueces del tribunal Lucila E. Larrandart, Marta Milloc y Héctor Sagretti aprobaron una nómina de 124 testigos, incluido por primera vez al padre del chico y estiman que el juicio que tendrá una duración de unos dos meses.

En cambio rechazaron el testimonio del dirigente comunista Patricio Echegaray, cuya agrupación bregó por convertirse en parte querellante como reivindicación de su joven militante alcanzado por la represión pese a la línea de la dirección partidaria de entonces.

La anunciada presencia de militantes en la apertura del juicio, el lunes a las 9, podría generar alguna tensión si Cecilia Pando, líder de un grupo reivindicador de la represión ilegal, cumple su promesa de asistir para alentar a los acusados.

Un pintada aparecida días atrás en la Puerta 4 de Campo de Mayo dice "luchamos para salvar a la patria", y fue hecha casi encima de otra que asegura que "fueron los oficiales".