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Casación le negó la excarcelación a Ricardo Cavallo

La Sala II de la Cámara Nacional decidió que el extraditado represor continúe detenido.

Está procesado con prisión preventiva por delitos de lesa humanidad cometidos en la ESMA durante la última dictadura militar.

Los integrantes de la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal denegaron ayer la excarcelación del extraditado represor Ricardo Miguel Cavallo, procesado con prisión preventiva por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención que funcionaba en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la última dictadura.

El abogado Alfredo Solari, defensor del represor, dijo a Télam que los magistrados "tuvieron en cuenta solamente el plazo que lleva detenido aquí (desde 2007) y no el tiempo que estuvo preso en España", de donde fue extraditado a pedido de la justicia argentina.

La medida fue ordenada este mediodía por los camaristas subrogantes Luis García y Guillermo Yacobucci, quienes afrontan un pedido de destitución ante el Consejo de la Magistratura y un juicio penal por haber dispuesto, en el mes de diciembre último, la excarcelación de los destituidos capitanes de la Armada Alfredo Astiz y Jorge "el tigre" Acosta y otros ex jefes navales.

Aquella resolución no se efectivizó por un recurso extraordinario interpuesto por el fiscal ante la Cámara de Casación Raúl Plée, en tanto, otro fallo similar que beneficiaba a otros represores se efectivizará cuando los procesados hagan efectiva la caución real que les fijó el juez federal Sergio Torres.

En esta oportunidad la negativa obedeció a que "los magistrados analizaron únicamente el plazo de detención que registraba en la Argentina sin tener en cuenta el tiempo que estuvo preso en España", indicó Solari quien anticipó que apelará ante la Corte Suprema de Justicia.

Cavallo, alias "Sérpico", tiene confirmados una medida docena de procesamientos por los secuestros de las monjas francesas Leonnie Duquet y Alice Domon junto a la Madre de Plaza de Mayo Azucena Villaflor, entre otros; del escritor y periodista Rodolfo Walsh; por la apropiación de bienes de prisioneros de la ESMA y otras decenas de privaciones ilegales de la libertad y tormentos.

Uno de los últimos procesamientos del represor fue por el desapoderamiento de un automóvil y una propiedad en la localidad bonaerense de Florencio Varela a los familiares de Néstor Enrique Ardetti, quien estaba ilegítimamente cautivo en la ESMA.

En una resolución de 19 carillas, a la que Télam tuvo acceso, el juez Torres reseñó que "los delitos que se analizan fueron cometidos dentro del aparato del Estado y constituyeron no sólo violaciones a los derechos humanos, sino también, por su escala, volumen y gravedad, crímenes contra la humanidad de acuerdo al derecho internacional".

"Durante el período en el que el último gobierno de facto se hizo cargo de todos los poderes públicos, se instaló en el país un sistema de represión clandestino en el que se produjeron enorme cantidad de delitos que deben ser considerados crímenes contra la humanidad", explicó el magistrado.

Con anterioridad el ex jefe naval extraditado desde el Reino de España ya había sido alcanzado con la misma medida por el desapoderamiento de bienes de otros prisioneros de la ESMA y por el secuestro y la desaparición de una decena de personas.

En aquella ocasión Torres responsabilizó al represor por el secuestro y aplicación de tormentos a las religiosas, a Villaflor y a María Ballestrino de Careaga, Remo Berardo, Raquel Bullit, Eduardo Gabriel Horane, José Fondevilla, Patricia Oviedo, María Ponce de Bianco y Horacio Elbert.

Todos ellos fueron privados ilegítimamente de su libertad en los primeros días del mes de diciembre de 1977 y llevados al centro clandestino de la ESMA donde fueron sometidos a "diferentes tormentos para luego ser alojados bajo condiciones inhumanas" y finalmente "trasladados por personal de la Marina".

Los cuestionados jueces fueron denunciados penalmente por un grupo de abogados encabezados por María Mónica González Vivero y Rodolfo Yanzón, letrado de la Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos; y las sobrevivientes de los centros clandestinos de detención "Atlético" y el que funcionaba en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), Delia Barrera y Graciela Daleo, respectivamente.

Esos mismos magistrados subrogantes días atrás concedieron la excarcelación de los represores Daniel Néstor Cuomo, procesado por 81 casos de tomentos, cinco de ellos con "resultado muerte" y 102 secuestros y Miguel Angel Clements, quienes actuaban en la ESMA.

En sendas presentaciones que quedaron radicadas ante el juez federal Claudio Bonadío -y en las que el fiscal Guillermo Marijuan dio "impulso"- los denunciantes piden que se enjuicie penalmente a Yacobucci y García por "prevaricato" (dictar fallos contrarios a Derecho) y por abuso de autoridad.

"Con sus decisiones se han sumado a la trama de complicidad política y judicial que ha hecho posible que hasta ahora los artífices del genocidio en la Argentina no hayan podido ser juzgados", afirman los denunciantes.