La Paz, 13 abr (ABI) - El Congreso de Bolivia se reinstaló anoche para tratar la ley que normará las elecciones generales, prefecturales y municipales, en diciembre y abril próximos, después que una comisión multipartidaria incorporara en el texto la elaboración de un padrón biométrico, el voto en el extranjero y la representación legislativa para minorías étnicas.
"Tenemos en manos ya el trabajo de esa concertación y, por lo tanto, vamos a proceder a aprobar la ley" en su definitiva estación en detalle, artículo por artículo, afirmó el vicepresidente Alvaro García, también titular nato del Congreso.
La sesión congelada desde el jueves
último, por el repliegue de la oposición, se reinstaló en momentos en
que la matriz sindical Central Obrera Boliviana (COB) y el activista
Consejo Nacional por el Cambio convocaran a sus bases a marchar sobre
La Paz "para cerrar el Congreso" o aprobar la ley, con carácter de
emergencia.
El Congreso entra en actividad en medio de una huelga de hambre que
implica a casi 3.000 personas en Bolivia y Argentina y España, entre
ellas el presidente Evo Morales, sin ingesta hace cinco días.
"Hemos incorporado los avances cualitativos más significativos que
se contemplaban ya en la Constitución", entre otros, la posibilidad de
que las minorías indígenas accedan a la representación legislativa", a
razón de un escaño por cada uno de los 9 de los departamentos
bolivianos, excepto el sureño Potosí, de mayoría quechua, tercera etnia
del país, y que a diferencia de los ocho restantes no contiene en su
jurisdicción minoría étnica alguna, precisó el ministro de Autonomías,
Carlos Romero, cabeza de la concertación por parte del gobierno de
Morales.
La ley que en medio de un mar de susceptibilidades era votada en el
plenario congresal hacia las 20h00 locales (24h00 GMT), también alberga
"la posibilidad de incorporar a la ciudadanía, a los compatriotas
residentes en el exterior", alrededor de 300.000, en 13 países de
América, Asia y Europa, a la toma de decisiones políticas.
También contiene un precepto para la elaboración de un nuevo padrón
electoral biométrico, que elimina cualquier mecanismo discriminatorio y
ventila hasta el más mínimo indicio de infiabilidad.
"Vamos a tener un reempadronamiento no sólo moderno sino
absolutamente incluyente de todos los ciudadanos del campo y la ciudad,
de todas regiones, hombres y mujeres, porque la mejor manera de
construir un país, la mejor manera de construir una comunidad de
destino histórico y de construir convivencia armónica entre bolivianas
y bolivianos es precisamente facilitando la mayor participación
ciudadana·", afirmó Romero.
Entre sus conceptos fundamentales, la ley sienta el concepto de
imparcialidad de la autoridad electoral, la Corte Nacional Electoral.
Romero exaltó que la mesa de consenso político salvó las profundas
diferencias existentes entre el proyecto planteado por Diputados, de
mayoría oficialista, y de Senadores, controlada por la oposición, que
encendió la querella en el Congreso.
Los acuerdos llegaron apenas después que García Linera acusó a la
oposición de "dilatar innecesariamente" ex profeso la sesión que se
encaminaba a su sexto día de vigencia con el argumento de que los
estatutos autonómicos votados en los departamentos de Santa Cruz,
Tarija, Beni y Pando en 2008, a contracorriente de la legislación
nacional electoral, sean incorporados in extenso en la ley que canaliza
el Congreso la noche del lunes al martes.
"Yo, como presidente del Congreso nacional, no voy a aceptar, nunca
que una instancia que ha desconocido un Congreso nacional, que ha
suplantado al Congreso nacional, ahora sea el mismo Congreso nacional
que lo reconozca y le dé vicio de legalidad Eso no va a pasar", afirmó
García Linera.
"Estamos dispuestos a reconocer la legitimidad de sus estatutos en
términos de formar parte de un debate regional. Pero no puede, de
contrabando, acceder al ámbito de reconocimiento legal del Congreso,
porque fueron elaborados en contra del Congreso, sustituyendo al
Congreso", insistió.
La oposición boliviana también condicionó la consensuación de la
ley a la renuncia del presidente de la Corte Nacional Electoral (CNE),
José Luis Exeni, después que éste garantizara la construcción de un
registro electoral biometral, vía rasgos dactilares y fisonómicos y que
el presidente Morales garantizara financiar la empresa con 35 millones
de dólares.
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