08/04/2009 - En General

Aval para la Ley de Comunicación Audiovisual

Referentes de organizaciones sociales destacaron como "un hecho de justicia" la decisión de destinar un 33 por ciento del espacio audiovisual a entidades sin fines de lucro, como lo plantea el proyecto de ley de Comunicación Audiovisual presentado por el Gobierno.

Dirigentes de universidades, sindicatos y cooperativas consultados por Télam plantearon incluso la posibilidad de que aquellas entidades de menores recursos puedan contar con ayuda financiera para crear sus propios programas de TV o de radio.

El proyecto, que entre otros puntos prevé exigir el 70 por ciento de producción nacional en radios y el 60 por ciento en TV, fue presentado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el 18 de marzo último en el Teatro Argentino de La Plata. 

Néstor Busso, del Foro Argentino de Radios Comunitarias, dijo que el proyecto "es realmente muy bueno" porque "avanza en garantizar el derecho a la comunicación para todas las personas, modificando criterios de una ley de la dictadura que entiende la comunicación como un simple negocio comercial". 

"Este proyecto está basado en la idea de que la comunicación es un derecho humano y en que es necesario que el Estado lo garantice para todas las personas", remarcó Busso y dijo que sería"interesante que haya recursos para fomentar los medios de las organizaciones sociales que representan a los sectores más postergados socialmente para que haya cierto equilibrio". 

Felipe Boccoli, presidente de la Federación de Cooperativas de Telecomunicaciones de Argentina (FECOTEL), criticó a quienes sostienen que "no es el momento de discutir" el proyecto por tratarse de un año electoral y señaló que entidades como la suya llevan "28 años esperando" una iniciativa como ésta. 

El dirigente de Fecotel, que nuclea 260 cooperativas de todo el país, destacó el contenido "antimonopólico" de la propuesta, y sostuvo se ha lanzado "una campaña en contra de la ley hecha de muy mala fe" en alusión a referentes de la oposición política al Gobierno. 

La Iglesia, otro de los sectores a los que se reservará un tercio del espacio audiovisual, también resaltó la iniciativa. 

El secretario de la comisión de Comunicación del Episcopado, Jorge Ostergel, la calificó como "un paso importante" y dijo que la Iglesia participará en el debate sobre su contenido. 

"Sin ninguna duda a la Iglesia le parece importante que haya una nueva ley de radiodifusión, estamos estudiando el proyecto y vamos a participar para aportar lo que podamos en los foros de discusión" que recomendó el Gobierno antes de enviar la iniciativa al Congreso. 

Omar Turconi, presidente de la Asociación de Radios Universitarias Argentinas (ARUNA), declaró por su parte que se trata de "un hecho de real justicia" destinar un espacio a las organizaciones sociales, incluidas las universidades. 

"Era un reclamo que veníamos haciendo desde hacía muchísimo tiempo", coincidió, y remarcó que lo más destacable del proyecto presentado por la Presidenta radica "en la necesidad de democratizar y distribuir frecuencias de manera igualitaria con todos los actores de la comunicación". 

Sobre una eventual ayuda financiera a las entidades de menores recursos, el titular de ARUNA dijo que si bien las universidades poseen financiamiento "sería bueno que hubiera líneas de crédito accesibles" para otras organizaciones que "no tienen los mismos recursos". 

El secretario de Comunicación de la CTA  (Central de Trabajadores de la Argentina), Juan Carlos Giuliani, consideró que el punto "más importante" del proyecto es justamente que "un tercio de las licencias de radio y televisión será accesible para las organizaciones sociales y sindicales". 

La propuesta "significa poner un techo a la posibilidad de concentración monopólica y oligopólica en los medios que está tan alevosamente expuesta" , expresó y recordó que desde que se reunieron con la Presidenta en abril de 2008 promovieron numerosos foros de debate. 

El dirigente de CTA se pronunció también a favor de que se incluya "de manera más explícita en el proyecto o en la reglamentación" algún tipo de "soporte en lo técnico y financiero como una línea de créditos para que la pelea no sea tan desigual".