02/04/2009 - En General

Carta Abierta de ambientalistas al Gobernador de Tucumán

El Comité Ejecutivo de la Federación de Organizaciones Ambientalistas No Gubernamentales de Tucumán, tiene el agrado de dirigirse al Gobernador, con el objeto de solicitar su Veto a la Ley que fuera Sancionada por la Legislatura, en su sesión del jueves 19 de marzo de 2009, por la cual se derogan las Leyes Nº 7622 y Nº 7874, referidas a la gestión integral de los residuos sólidos urbanos en la provincia de Tucumán.

Es de público conocimiento, que el texto de la Ley 7622 fue ampliamente debatido, durante los años 2004 y 2005, con la participación activa de Legisladores de todos los signos políticos, con Funcionarios de las Áreas Ambientales provinciales y municipales, con los sectores sociales y con organizaciones ambientalistas, por lo que es considerada el fruto del consenso de las partes.

La necesidad de contar con una herramienta eficaz para resolver una problemática que ya atormentaba a la Sociedad desde varios años antes, fue el punto de unión que nos permitió coincidir en que el proceso integral de los Residuos Sólidos Urbanos, debía ejecutarse bajo el concepto de Basura Cero.

La impresionante cantidad y diversidad de basurales desparramados por toda la geografía provincial, son claros indicadores de que la problemática de la Basura tiene profundas raíces culturales, ya que dichos basurales son generados tanto por organismos oficiales - por desidia o por incapacidad -, como por desaprensivos ciudadanos comunes.

La principal conclusión de los extensos debates que precedieron a la sanción de la Ley Nº 7622, fue la íntima relación entre los basurales existentes y la Salud de la Comunidad, o más precisamente, de los vectores de enfermedades que los mismos provocan en los sectores más desprotegidos, que en la mayoría de los casos, son los más cercanos.

Analizadas las diferentes capacidades de los Municipios y Comunas Rurales, coincidimos en que era necesario equiparar las posibilidades de cada uno de ellos, por cuanto eso significaba equiparar la calidad de vida y poner a resguardo la salud de todos y cada uno de los habitantes de la provincia.

Desarrollar una gestión de RSU en un Municipio o Comuna Rural, que se ajuste al concepto de Basura Cero, implica disponer de una estructura de especialistas, quienes deberán diseñar un plan de gestión adecuado a la reglamentación vigente, implementarlo en tiempos razonables y controlarlo constantemente para realizar las correcciones que sean necesarias. Un elemento fundamental de un plan de gestión es la capacitación comunitaria que debe llegar a todos los hogares, en procura de lograr la clasificación en origen de los residuos.

Esta línea de pensamiento llevó a quienes analizamos la ley 7622, a una primera  conclusión inevitable: solamente el Gobierno Provincial puede y debe garantizar la Salud Pública de la Comunidad. La segunda conclusión fue que resulta imposible poner en un plano de igualdad a todos los Municipios, desde el plano operativo. Sin lugar a dudas, las asimetrías se agigantan cuando se comparan con las Comunas Rurales.

Convencidos que la ley de RSU debía respetar las Autonomías Municipales, coincidimos en la necesidad de ser equitativos ante las desigualdades que son propias de los Municipios. Por ello, la ley Nº 7622 permite a los Municipios decidir, en función de su capacidad operativa y de sus reales posibilidades, las etapas de la gestión integral de los RSU que ejecutará, por sí o por terceros, descargando en el Gobierno Provincial el resto de las etapas del proceso. De esta manera, los Municipios más poblados podrán elegir, si lo consideran factible, hasta la totalidad de las etapas de la gestión integral de los RSU. Pero aquellos Municipios de población escasa, o que se ubican en regiones más críticas, podrán asumir solamente la responsabilidad de las etapas que realmente están en condiciones de cumplir, dejando en el Gobierno Provincial la ejecución y la responsabilidad de las etapas restantes.

En diciembre del año 2005 se creó, en el Área Ambiental, a los fines de cumplir con la ley Nº 7622, la Unidad Ejecutora Provincial para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos, con la función de preparar, ejecutar y administrar un plan integral sobre los RSU. Debió haber redactado los pliegos para contratar las obras correspondientes a las estaciones de transferencia, rellenos sanitarios y disposición final. Además, debió gestionar losfinanciamientos necesarios y brindar asesoramiento en materia de disposición final de residuos, a todos los estamentos oficiales.  

Es por todo lo expuesto, que el proyecto de ley promovido por algunas Legisladoras, y sancionado por la H. Legislatura, nos ha sorprendido, ya que retrocede importantes pasos que se lograron, para resolver definitivamente la problemática de los RSU. La generalización en toda la geografía provincial, de plantas de disposición final que promueve este nuevo proyecto, será incontrolable en sus aspectos sanitarios y sociales, generando desazón y reclamos constantes de la Comunidad.

En base a los fundamentos expuestos precedentemente, es que solicitamos al Sr. Gobernador VETE la Ley que fuera Sancionada por la H. Legislatura, en su sesión del día jueves 19 de marzo de 2009, por la cual se derogan las Leyes  Nº 7622 y Nº 7874, referidas a la gestión integral de los residuos sólidos urbanos en la provincia de Tucumán.

Hacemos propicia la oportunidad para saludarlo con toda consideración y respeto.

San Miguel de Tucumán, 27 de Marzo de 2009

         Dr. Luis E. Grosso                   Ing. Pedro S. Ottonello

           Vicepresidente                             presidente