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02/04/2009 - En General

Cepal prevé una caída del 0,3% en economías latinoamericanas

Bogotá, 02 Abr. ABN.- La economía de América Latina y el Caribe decrecería 0,3% en 2009, su primer retroceso tras seis años de crecimiento. La tasa de desempleo regional aumentaría a niveles cercanos al 9%, tras ubicarse en cerca de 7,5% en 2008, lo que incidiría en un alza de la pobreza.

En resumen, los efectos de la crisis internacional se dejarán sentir con fuerza este año en la región, señaló la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) Alicia Bárcena, durante el Latin America Emerging Markets Forum 2009, que comenzó ayer en Bogotá , Colombia.

Según una nota de prensa de la Cepal, los países más afectados serían México (-2,0% de crecimiento), Brasil (-1,0%), Costa Rica (-0,5%) y Paraguay (-0,5%), mientras que Panamá, Perú, Cuba y Bolivia mantendrían un crecimiento positivo igual o superior al 3,0%. En tanto, Ecuador y Chile anotarían un nulo aumento en su Producto Interno Bruto (PIB) en 2009.

Los efectos negativos se aprecian en la desaceleración del comercio internacional y la caída de los precios de los bienes primarios, con lo que los términos de intercambio para la región en su conjunto caerían un 15%.

También se verá una fuerte disminución de las exportaciones -que afectará principalmente a economías abiertas como las centroamericanas y México-; una reducción de las remesas, menores ingresos por turismo -especialmente en el Caribe y Centroamérica-; y una disminución de los flujos de la inversión extranjera directa.

Esto se da en un contexto de creciente incertidumbre a nivel regional y global que afecta las expectativas del sector privado, con consecuencias negativas sobre la inversión y el consumo.

La Secretaria Ejecutiva de la Cepal señaló que la disminución de la disponibilidad de financiamiento internacional y el aumento de las primas de riesgo de la deuda soberana latinoamericana también impactarán a la región.

Agregó que, por el momento, las economías de la región han tenido solidez para enfrentar los impactos del canal financiero, gracias a que aprovecharon la bonanza de años anteriores para acumular reservas, disminuir su endeudamiento y repactarlo en mejores condiciones.

Pero si el escenario actual se prolonga o profundiza, lo que no puede descartarse, el año próximo algunos países tendrían dificultades.


Según la Cepal, la actual coyuntura pone a los países frente a la necesidad de implementar políticas contracíclicas pero, al mismo tiempo, enfrenta a las autoridades económicas con un panorama caracterizado por la falta de espacio macroeconómico para implementar medidas.

Se estima que la región tendrá déficit en sus cuentas públicas y en sus cuentas externas superiores a los dos puntos del PIB, aunque con una amplia variabilidad entre países.

De ahí la importancia asignada a agilizar e incrementar las líneas de financiamiento desde los organismos financieros internacionales para contribuir a financiar medidas que amortiguen los impactos de la crisis.

“Es necesario adoptar una perspectiva global de salida de la crisis que potencie lo que los países pueden hacer de manera aislada, pero esto requiere dotar a muchos de ellos de recursos financieros para afrontar los desafíos de la hora”, declaró.
Alicia Bárcena enfatizó que la crisis puede convertirse en una oportunidad para redefinir los paradigmas del desarrollo económico dominantes, así como para pensar en una nueva arquitectura financiera internacional y en un nuevo rol para el Estado.

Este debe tener una participación activa en la protección de los sectores más vulnerables de la sociedad, en la promoción de un tejido productivo que incorpore más conocimiento y en la regulación de la actividad económica para que la búsqueda de la rentabilidad privada no conspire contra el bienestar general, señaló.

Para aminorar los impactos negativos, Bárcena propuso tomar en cuenta las lecciones aprendidas en anteriores episodios de turbulencias: evitar el proteccionismo; que el sesgo de las medidas no aumente la inequidad; preservar la capacidad de mantener el gasto social, especialmente para aumentar el capital humano; y concentrar la inversión en infraestructura productiva y social.


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