La iniciativa había sido presentada en septiembre de 2008 por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y la titular de Abuelas de Plaza de Mayo. El objetivo es alentar a los Estados a sumarse al uso de esa rama científica para lograr la identificación de víctimas y para contribuir a la restitución de la identidad de aquellas personas que fueron separadas de sus familias.
El apoyo fue unánime.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó el proyecto argentino
para "alentar a los Estados miembros a utilizar la genética para la
identificación de las víctimas de violaciones de derechos humanos y de
derecho internacional humanitario, y para contribuir a la restitución
de la identidad de aquellas personas que fueron separadas de sus
familias en ése contexto".
Según informó la Cancillería
argentina, el proyecto presentado en la sede de la ONU en septiembre
pasado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el canciller
Jorge Taiana y la titular de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de
Carlotto, fue aprobado por unanimidad.
"Esta resolución
instala por primera vez esta cuestión en el seno del Consejo de
Derechos Humanos y coloca a la Argentina a la vanguardia del tema a
nivel internacional", señaló el canciller Jorge Taiana en un
comunicado.
Agregó que "se destacó en la ONU que nuestro país
fue pionero en la aplicación de la genética forense para investigar la
suerte de miles de desaparecidos durante la dictadura militar que tuvo
lugar entre 1976 y 1983, y para procurar restituir su identidad a los
cientos de niños que nacieron en cautiverio o fueron sustraídos a sus
padres en ese período".
La resolución citó la Declaración
Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO que destaca
que las cuestiones éticas que surgen del rápido progreso de la ciencia
y sus aplicaciones tecnológicas deben examinarse a la luz de la
observancia de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales.
Además,
se sientan así las bases para redactar un manual que sirva de guía para
la aplicación de la genética forense a nivel internacional, incluida la
creación y operación voluntarias de bancos genéticos.
Como
antecedente, la ONU tomó en cuenta una ley aprobada en 1987, surgida de
una iniciativa de las Abuelas de Plaza de Mayo, y por la que se creó en
la Argentina el Banco Nacional de Datos Genéticos que archiva y
sistematiza los mapas genéticos de todas las familias que tienen niños
desaparecidos.
El proyecto contó con el patrocinio de 45
países: Argentina, Bolivia, Uruguay, Chile, Reino Unido, Brasil,
Canadá, Suiza, Alemania, Egipto, Italia, Francia, Ucrania, Arabia
Saudita, Bosnia-Herzegovina, Eslovaquia, Bahrein, Japón, Sudáfrica,
México, República de Corea, Croacia, Rumania, Colombia, Luxemburgo,
Marruecos, Perú, Austria, España, Montenegro, Chipre, Dinamarca,
Portugal, Polonia, Finlandia, Costa Rica, Letonia, Ecuador, Bélgica,
Irlanda, República Dominicana, Guatemala, Serbia, Israel y Estados
Unidos.
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