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AMPLIAR"Es más práctico trabajar las causas por centros clandestinos", explicó

Los juicios contra represores no se aceleran por falta de presupuesto

La titular de la Secretaría ad hoc de Derechos Humanos del juzgado Nº 1, Virginia Duffy aseguró a TucumánHoy que “hay 800 causas en investigación por crímenes de lesa humanidad en la provincia”. La causa Romero Niklison próxima a elevarse y dentro de un mes, Arsenal M. de Azcuénaga. Explicó que las demoras se deben a la falta de presupuesto.

“Es más práctico trabajar las causas por centros clandestinos y no de forma individual”, explicó.

El viernes el juez Daniel Bejas elevó a juicio las primeras causas conexas. De esta manera Menéndez y Bussi tendrán que volver al banquillo de los acusados cuando el Tribunal Oral Federal lo decida. Con esto cambia la tendencia de encarar causas individuales para hacerlo por centros clandestinos de detención, en este caso la ex Jefatura de Policía.

En este marco la secretaria de Derechos Humanos del juzgado Nº 1, Virginia Duffy comentó que “existen 800 causas en investigación”. Las  que ya están listas para ir a juicio oral son la del  Centro Clandestino de Detención “ex Jefatura de Policía que ya se elevó a partir de la sentencia del 20 de marzo y la causa Romero Niklison, un homicidio de seis personas". La funcionaria, durante la entrevista, detalló otros modos de encarar los procedimientos jurídicos, puesto que  "además existen causas individuales que estarían en condiciones de elevarse a juicio". Duffy  informó también, que una de las causas que que viene siendo reclamada desde hace años por los organismos de derechos humanos no solo de Tucumán, sino también de Salta, Santiago y Jujuy,   la mega causa nombrada como la de Arsenales, entrará en la etapa de elevación a juicio este mes. EL expediente Incluye alrededor de 80 causas conexas y se pondrá en vista "a las querellas para ver si acusan y piden la elevación a juicio, en su caso se pondrá en vista a la defensa para que introduzca las secciones u oposiciones que crean pertinente".  Duffy dijo que  probablemente todas salgan a fines de este año hacia en el TOF.

¿Porqué las demoras?

Una de las mayores criticas que la Justicia Federal ha venido recibiendo y no desde ahora, de parte de los organismos de derechos humanos, es la lentitud que tiene la Justicia para resolver los cientos de expedientes abiertos desde que se recuperara la democracia, en el 84. La explicación que da Duffy es clara: "Porque tenemos escaso personal y pocos medios materiales para poder actuar con la rapidez que requieren las causas que son muchas y pocos los empleados". Como ejemplo de la falta de tecnología, aun la básica, señaló:  "no todos los empleadoso tienen su propia computadora con lo cual en no pocas oportunidades se retrasan los trabajos".

En este sentido aseveró que “hace más de un año el juez Bejas pidió asignación de personal y medios materiales puesto que no damos abasto con la cantidad de causas. Debemos tener en cuenta que Tucumán fue epicentro del terrorismo de Estado  por lo "que hay una gran cantidad de causas investigándose".

Respecto a la decisión de encarar las causas por campos de concentración como lo solicitan varias organizaciones de Derechos Humanos y no de forma individual, Duffy considera que es así porque “lo pidieron las querellas y ministerios públicos”. Sin embargo considera que el “trabajo por centro clandestino es mucho más complejo ya que los empleados judiciales están acostumbrados a trabajar con causas individuales, en cambio el trabajo de mega causas, por ser universos tan grandes, es difícil de manejar”.

A pesar de ésto comenta que trabajar de esta manera “es más práctico porque una causa bien trabajada como centro clandestino le brinda a las partes (defensa, ministerio público fiscal, querellas y juez), al momento de decidir, todo lo relacionado con lo que investiga. Esto es importante pues hablamos de hechos delictivos sucedidos en determinados ámbitos físicos que afectó a varias personas”.

Por último se refirió a la sentencia de Bussi y Menéndez a cadena perpetua en la causa Vargas Aignasse. “Como cualquier abogada que trabaja en Derechos Humanos, considero que el tribunal oral aplicó la ley vigente en nuestro país: el arresto domiciliario es un beneficio procesal que se otorga a personas mayores de 70 años o en forma terminales, por lo tanto la creo una correcta decisión”.

Sebastián Ganzburg
sebaganzburg@gmail.com