Lo determina un fallo de la Cámara de Casación, que involucra a los represores Daniel Cuomo y Miguel Clements, ambos procesados por delitos de lesa humanidad cometidos en la ESMA.
Fuentes cercanas al fiscal ante ese tribunal adelantaron que “se interpondrá un recurso extraordinario” contra la resolución.
Los represores Daniel Cuomo y Miguel Clements, procesados por delitos
de "lesa humanidad" cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada
(ESMA), podrán recuperar la libertad, por decisión de la Sala II de la
Cámara de Casación Penal, una vez que abonen la fianza de un millón de
pesos que les impuso el juez federal Sergio Torres.
Así lo
indicaron a Télam fuentes judiciales, quienes explicaron que cada uno
de los dos ex jefes navales y "tres fiadores personales" deberán
hacerse cargo de una caución de un millón de pesos decretada por el
magistrado en cumplimiento de una "obligación" impuesta por sus
Superiores.
Al fijar las fianzas, el juez Torres dejó a salvo su
opinión personal y recordó que se había opuesto a las excarcelaciones
"en virtud del firme convencimiento en cuanto al peligro de fuga y
entorpecimiento probatorio que la libertad anticipada del imputado
conllevaría".
En tanto, fuentes allegadas al fiscal ante la
Cámara de Casación Penal Raúl Plée indicaron que "interpondrá recurso
extraordinario" contra la resolución de los camaristas subrogantes
Guillermo Yacobucci y Luis García, quienes concedieron la excarcelación
a los represores procesados por gravísimas violaciones a los derechos
humanos.
Plée "va a recurrir (apelar) y ya está trabajando en el
escrito", para cuya presentación tiene un plazo de diez días hábiles,
indicaron los informantes quienes explicaron que la apelación fiscal
"no interrumpe" lo dispuesto por los jueces de Casación.
Los
jueces Yacobucci y García resolvieron el 12 de marzo último, con la
disidencia del tercer integrante de la Sala II, Gustavo Mitchell,
conceder la excarcelación a los represores en una decisión similar a
una del año pasado por la cual concedieron la excarcelación de Alfredo
Astiz y Jorge "el Tigre" Acosta.
Cuomo, uno de los beneficiados
con el último fallo de Yacobucci y García cumple prisión preventiva por
81 casos de "tormentos en forma reiterada", cinco de ellos "con
resultado muerte" y 102 secuestros; mientras que a Clements se lo
responsabiliza por torturas "con resultado muerte" y nueve secuestros.
Respecto
de un párrafo de la Cámara Federal, al confirmar la denegatoria de las
excarcelaciones, que aludió a posibles presiones sobre testigos y citó
el caso del desaparecido Julio Jorge López, los jueces subrogantes
afirmaron que esa referencia es "impertinente".
"La
fundamentación es aparente porque no sólo no se demuestran los riesgos
que se pronostican, sino porque no se establece por qué la prisión
preventiva" de los imputados "podría razonablemente evitarlos" y
concluyen que analizar la posibilidad de que los liberados eludan el
accionar de la justicia es "meramente conjetural".
Por su parte,
el camarista Mitchell, en disidencia, afirmó que los hechos imputados a
los represores "tienen relación con su desempeño como integrantes de
una fuerza armada que atentó contra la población civil, para lo cual
utilizaron medios estatales y a los que se caracterizó como delitos de
lesa humanidad".
"Resulta razonable la presunción de que quien
está imputado en estos delitos gravísimos previstos también por el
derecho de gentes, en caso de ser puesto en libertad, atentará contra
los fines del proceso", dijo Mitchell citando un dictamen del
procurador General Luis González Warcalde.
En esa línea de
pensamiento agregó que "si se buscó al cometerse los hechos una
modalidad que asegurara la impunidad futura, ese mismo afán de
abstraerse al juzgamiento podría tener una postrer secuela al otorgarse
la libertad al procesado".
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