Enviar Nota | Imprimir

Bolivia: Ministro demanda a YPFB resolver contrato con Catler

La Paz, 15 mar (ABI).- El ministro de Defensa Legal del Estado, Héctor Arce demandó el domingo a las autoridades de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), resolver el vínculo con la empresa Catler Uniservice, contratada para construir una planta de separación de líquidos en Río Grande (Santa Cruz), por 86 millones de dólares, 35 de los que ya fueron desembolsados a una subcontratista estadounidense.

La autoridad de Gobierno afirmó que el Gobierno determinó como política de Estado luchar contra la corrupción y los contratos con Catler Uniservice están sujetos a investigación y análisis, por lo que no pueden ser respaldados.

"Los contratos están viciados de irregularidades, e ilegalidades, con posible corrupción. El Estado y su compromiso de transparencia no puede validar ninguna actuación que se ha realizado al margen de la ley", insistió en declaraciones a la radio y televisión estatales.

Según Arce, en un viaje reciente a Estados Unidos constató la existencia de la empresa Gulsby, subcontratada por Catler para montar parte de la planta separadora de líquidos, la que recibió ya un anticipo de 35 millones de dólares por la antigua administración de YPFB como carta de crédito.

De acuerdo con un informe presentado por el consultor especialista en Defensa Arbitral, Jurisdiccional y Administrativa, Pablo Menacho Diederich, el miércoles 18 de febrero pasado, Gulsby cumplió con el 90% de lo acordado dentro de los plazos establecidos para la construcción de parte de la planta separadora.

Arce aseguró que el informe pretende ser utilizado por los antiguos administrativos de Yacimientos, para liberarse de responsabilidades.

El ex presidente de la empresa estatal, Santos Ramírez fue encarcelado por supuestos actos de corrupción, debido a irregularidades en el contrato con la empresa Catler-Uniservice.

Según las investigaciones Catler no contaba con la certificación presupuestaria en flagrante vulneración a la ley Financial y la ley Safco, además, que su vínculo contyractaual con el Estado no fue protocolizado en la Notaria de Gobierno sino ante un notario de fe pública.

"El hecho de que pudiera haber o no un daño económico no legaliza actos que se han cometido al margen de la ley y sobre los cuales hay denuncias de corrupción que están siendo investigadas por el Ministerio Publico", explicó.

En este sentido, Arce insistió en que Yacimientos debe romper el contrato con Catler, porque la política principal del Gobierno es la transparencia y la lucha contra la corrupción.
clm/cc                 ABI