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AMPLIARPiden una acordada de convocatoria

Proponen que las vacantes en la Justicia sean cubiertas por jubilados

Diversas organizaciones sociales, entre las que se destacan FEPUT, ANDHES, la Sociedad Rural y el Grupo Alberdi presentaron un petitorio al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Gandur ante lo que consideran “el serio riesgo que corre la garantía fundamental de acceso a la tutela judicial efectiva”.

Piden una acordada para que se ponga en funcionamiento la convocatoria.

En la mañana de ayer, representantes de diferentes organizaciones civiles, presentaron una nota a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia. Allí, exhortan al Tribunal que en “ejercicio de sus facultades de Superintendencia, en su condición de cabeza del Poder Judicial y como garante de la Supremacía Constitucional y de una correcta e independiente Administración de Justicia, ponga fin, de  inmediato, al problema por el que atraviesa el Poder Judicial de Tucumán, producido por las vacantes existentes, y  que ponen en serio riesgo la garantía fundamental de acceso a la tutela judicial efectiva”.

En este sentido, le solicitaron que, haciendo uso de sus facultades, “dicte una Acordada disponiendo que los magistrados y funcionarios jubilados, en virtud de las disposiciones de las citadas leyes, al conservar el estado judicial, serán llamados a ocupar transitoriamente todos los cargos vacantes, ya sea el mismo que desempeñaban en oportunidad de cesar en el servicio u otro de igual jerarquía del Poder Judicial o del Ministerio Público, debiendo los magistrados y funcionarios judiciales convocados formalizar su opción por continuar percibiendo el haber jubilatorio o por cobrar la remuneración propia del cargo al que han sido llamados a ocupar”.

La misiva fue enviada por la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Tucumán (FEPUT), Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), el Grupo Alberdi, la Fundación del Tucumán, el grupo “Tucumán no se Vende”, el Centro de Estudios Paideia/Politeia, la Sociedad Rural de Tucumán  y la encargada de la Cátedra de Derecho Constitucional de la UNT, Carmen Fontán.