Enviar Nota | Imprimir

Gobierno denuncia campaña para "vetar" candidatura de Morales

La Paz, 4 mar (ABI) - El gobierno denunció el miércoles una campaña para vetar la candidatura del presidente Evo Morales a las elecciones generales de diciembre, después que el bloque de prefectos opositores acusó al mandatario de corrupción en una proposición de juicio ante en la Fiscalía boliviana, mientras se escuchan versiones sobre un nuevo intento de desestabilización en Bolivia.

El ministro de Defensa Legal del Estado, Héctor Arce, denunció un plan para "vetar" la candidatura de Morales, por medio de procesos judiciales o, en su defecto, de una estrategia para matar en el vientre el diálogo que el mandatario indígena ha convocado para constituir los mecanismos de implantación de un régimen de autonomías departamentales en arreglo a la nueva Constitución boliviana.

   "Ahora seguramente van a pretender descalificar o vetar la candidatura del Presidente, atentar contra el proceso de cambio a través de procesos (judiciales) que no tienen ni pies ni cabeza", anticipó Arce.

    En la misma corriente, el vicepresidente Alvaro García Linera calificó los procesos radicados contra Morales de "chacota jurídica".

    Denunció, asimismo, aprestos opositores que tienen en la mira la candidatura del mandatario y que se han propuesto generar un nuevo proceso de inestabilidad política en el país.

    En nombre de sus colegas Savina Cuéllar (Chuquisaca), Ernesto Suárez (Beni) y Rubén Costas (Santa Cruz), el prefecto de Tarija Mario Cossío, radicó una proposición acusatoria, un propuesta de juicio contra Morales, por la promulgación, el año precedente, del decreto supremo 29506 para la contratación de obras, sin previa subasta pública, en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), sacudida por un escándalo de corrupción pública.

    De acuerdo con la propuesta, la demanda se sustenta en que el decreto de mención que promueve la contratación libre de obras, bienes, servicios generales y de consultoría, se asumió sin seguir los procedimientos establecidos en la ley Safco, de control fiscal.

    Arce puso en evidencia que la estrategia para vetar la candidatura de Morales se asemeja a las acciones violentas en Santa Cruz, Beni, Tarija y Pando, donde, incluso, fueron asesinados 18 campesinos en setiembre de 2008, que apuntaron a provocar un quiebre institucional.

    "Así como no han conseguido el efecto de perjudicar este proceso de cambio, vetar, llegar a manchar o molestar la imagen del presidente de la República, con una lucha económica incansable, una lucha regional a título de las autonomías", asimismo vuelven a la carga los opositores, presagió Arce.

    Dijo que las acusaciones contra Morales forman parte de la reedición "de un golpe cívico prefectural que ha fracasado su golpe de Estado de setiembre del año pasado".

    Sobre la proposición de juicio a Morales, desestimó porque "no tiene ningún asidero jurídico; es una herejía jurídica y, por lo tanto, no puede generar ninguna responsabilidad ni consecuencia jurídica".

    El Gobierno denunció la víspera que Cossío busca "encubrir", tras esa maniobra presentada el viernes ante la Fiscalía de la República irregularidades en el manejo de recursos de gestión en la Prefectura de Tarija.

    "La proposición acusatoria presentada ante la Fiscalía General tiene una sola finalidad y es echar una cortina de humo a las propias responsabilidades del prefecto Cossio en el denominado golpe cívico prefectural que se gestó en agosto del año pasado y se ejecutó en septiembre del mismo año con las lamentables consecuencias que determinaron la masacre de ciudadanos en la localidad del Porvenir en Pando", contrarrestó el ministro de la Defensa, Wálker San Miguel.

    Cossío acusó a Morales por la promulgación del decreto que permitió al destituido presidente de YPFB, Santos Ramírez, contratar discrecionalmente a la empresa de constitución reciente e irregular Uniservice Catler, para la construcción de una planta de licuables en el sudeste boliviano por 86 millones de dólares.

    Una investigación posterior al descubrimiento de hechos de corrupción en YPFB, determinó, de forma primaria, que Ramírez eligió a dedo a Catler Uniservice a cambio del pago de cohechos.

    Cossío ha sido involucrado en la voladura de un gasoducto el año pasado en el sur boliviano, que dejó pérdidas por 150 millones de dólares al Estado.