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Bolivia para el gobierno la acusación de Cossío es una "aberración"

La Paz y Sucre, 3 mar (ABI).- El Gobierno calificó el martes de "aberración jurídica" la acusación planteada por el prefecto de Tarija, Mario Cossio, contra el presidente Evo Morales, al que endilgó presunta responsabilidad en las compras y contrataciones directas en la compañía estatal de petróleos (YPFB), sacudida por una caso de corrupción.

Por vía de los ministros de Defensa, Walker San Miguel, y de Defensa Legal del Estado, Héctor Arce, el gobierno también denunció a Cossio por intentar "encubrir", tras esa maniobra presentada el viernes ante la Fiscalía de la República, pero conocida este martes, irregularidades en el manejo de recursos de gestión en la Prefectura de Tarija.

"La proposición acusatoria presentada ante la Fiscalía General tiene una sola finalidad y es echar una cortina de humo a las propias responsabilidades del prefecto Cossio en el denominado golpe cívico prefectural que se gestó en agosto del año pasado y se ejecutó en septiembre del mismo año con las lamentables consecuencias que determinaron la masacre de ciudadanos en la localidad del Porvenir en Pando", contrarrestó San Miguel.

    Cossio radicó proposición acusatoria, un propuesta de juicio,
por la promulgación, el año precedente, del decreto supremo 29506 para la contratación de obras, sin previa subasta pública, en YPFB.

    De acuerdo con la propuesta, la demanda se sustenta en que el decreto 29506 que promueve la contratación libre de obras, bienes, servicios generales y de consultoría, se asumió sin seguir los procedimientos establecidos en la ley Safco.

    Según San Miguel, esa proposición acusatoria "no tiene pies ni cabeza", incluso comete errores garrafales en lo formal.

    Por su parte, Arce expresó que la proposición acusatoria es "una verdadera aberración jurídica".

    Acotó que de manera incomprensible se cuestiona a un decreto supremo por haber realizado modificaciones totalmente legales respetando la normativa superior, la Ley Safco.

    A la sola revisión de la proposición, "se observará que no existen argumentos legales de sustento para endilgar responsabilidades al presidente Evo Morales", esgrimió Arce.

    "Como Gobierno nacional queremos dejar plena y claramente establecido de que los decretos supremos que se han dictado, en algunos casos para viabilizar dentro el nuevo modelo donde el Estado participa en la actividad productiva, son total y legalmente constitucionales", afirmó.

    El Ministro de Defensa Legal instó a no confundir el mal uso que se ha hecho de un decreto supremo, sea éste cualquiera, con que haya fallas en la norma "tal como errónea y temerariamente quieren hacer ver los miembros de la oposición política y regional".

    Según Arce, el decreto 29506 tiene su sentido, su justificación y su total amparo en la legalidad y en la Constitución.

    "El hecho de que no se hayan aplicado correctamente los decretos, los reglamentos, los contratos, en un caso concreto, que puede ser el caso de YPFB, por lo cual se está llevando adelante un proceso de investigación, no quiere decir que la normativa y el marco legal con los que se trabaja en el Gobierno tenga errores, vicios y alteraciones", enfatizó.

    En su propuesta de juicio a Morales, que Arce tachó como una temeridad, Cossio acusa a Morales por la promulgación del decreto que permitió al destituido presidente de YPFB, Santos Ramírez, contratar discrecionalmente a la empresa de constitución reciente e irregular Uniservice Catler, para la construcción de una planta de licuables en el sudeste boliviano.

    Una investigación posterior al descubrimiento de hechos de corrupción en YPFB, determinó, de forma primaria, que Ramírez eligió a dedo a Catler Uniservice a cambio del pago de cohechos.

    Tanto San Miguel cuanto Arce acusaron a Cossio de pretender echar una "cortina de humo" sobre los hechos de corrupción que lo acorralan en Tarija.

    Cossío "sabe de su responsabilidad" ya que el ex presidente del Comité Cívico de Tarija, Reynaldo Bayard, lo involucró en la voladura de un gasoducto que dejó más de 150 millones de dólares en pérdidas al Estado, dijo San Miguel.

    Cossío también enfrenta un proceso en la Corte Suprema de Justicia por acusaciones de corrupción en su gestión al frente de la Prefectura.

    El proceso está sólo a unos pasos para que el Congreso autorice el juicio de responsabilidades en contra del Prefecto de Tarija.

    Sostuvo que entre Cossio y Bayard había una relación "carnal", una absoluta identificación de medios, recursos y hombres que participaron en la voladura de ductos, bloqueos de caminos con material y maquinaria de la prefectura de Tarija en 2008.

    "Cuando se adelante esta investigación y se llegue a establecer a los responsables, con absoluta seguridad que Mario Abel Cossío Cortez estará entre los principales responsables", agregó.

    Dijo que, casualmente, en las últimas horas, el destituido prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, sumariado por el asesinato de campesinos en setiembre último, remitió una carta pública deslindando responsabilidad por alentar la conformación de brigadas para la toma de instituciones públicas en Cobija.