La Corte Suprema lo decidió con el objeto de coordinar los cursos de acción para acelerar los juicios por los delitos cometidos durante la última dictadura militar. "No se trata de problemas económicos ni de financiación, sino de logística, de infraestructura", dijo Ricardo Lorenzetti, presidente del cuerpo.
La Corte Suprema de Justicia decidió convocar a los otros poderes del Estado para que designen un representante con el objeto de coordinar los cursos de acción para agilizar los juicios por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar.
Con el mismo propósito la
Procuración General de la Nación pidió a la
Cámara Nacional de Casación Penal que reasigne a jueces
de tribunales orales (inclusive del interior del país, para
que se ocupen quienes tienen menos carga de tareas) la causa por
ilícitos cometidos en jurisdicción del Cuerpo Primero
del Ejército.
"Hay tribunales federales con menos
trabajo, entonces sus integrantes deberán trasladarse para que
se pueda cumplir con el requisito de la competencia territorial y el
principio constitucional del juez natural", dijo un funcionario
judicial.
La Corte convocará al Ministerio de
Justicia, al Congreso de la Nación y al Consejo de la
Magistratura para abocarse a cuestiones relacionadas con la
organización de esos juicios.
La "invitación"
a los otros poderes del Estado había sido insinuada entre los
miembros de la Corte y durante una reunión que el presidente
del tribunal, Ricardo Lorenzetti, sostuvo días atrás
con delegados de organizaciones de derechos humanos. "No se
trata de problemas económicos ni de financiación, sino
de logística, de infraestructura", agregó el
funcionario consultado.
En tal sentido la fuente mencionó
la "falta de jueces" y la carencia de salas adecuadas para
la realización de los juicios orales y públicos por las
distintas "megacausas" abiertas luego que, en agosto de
2003, se declararan nulas las leyes de Obediencia Debida y Punto
Final.
Los inconvenientes se suman en jurisdicciones donde
hay vacantes -como Santa Fe- o por razones de amistad con quienes son
objeto del proceso, circunstancia que también se presenta
cuando se designa a abogados locales para cubrir la falta de
magistrados.
La necesidad de "coordinar" las tareas
para avanzar en la tramitación de los juicios quedó
reflejada en un comentario: "falta gestión", que se
le atribuye a Lorenzetti, cuando se refiere a la agilización
de las causas por violaciones a los derechos humanos.
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