12/02/2009 - En General

Espionaje a la policía ecuatoriana

El gobierno ecuatoriano denunció que funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos de América sustrajeron información de computadoras de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Policía Nacional.

El hecho fue considerado como "inaceptable" por Miguel Carvajal, ministro de Seguridad Interna y Externa.

A través de cancillería se solicitó a la embajada estadounidense que devuelva la información inmediatamente. El incidente, según Carvajal, afecta la seguridad nacional. La sustracción de la información se habría producido entre el miércoles y el jueves de la semana pasada.

¿Cómo explicar que funcionarios de la Embajada de los EUA hayan sustraído información de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Policía ecuatoriana? Para Adrián Bonilla, director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, lo que existe es un convenio que revela una relación de subordinación histórica por parte de ciertos organismos del estado ecuatoriano a entidades de fuera del país, que ha marcado las formas de procesar los temas de seguridad a lo largo de los últimos 30 años. Este convenio, según Bonilla, estaba en vigencia y fue renovado recientemente.

¿La Embajada participaba en el nombramiento de policías?
La situación trae cola. Previamente, un funcionario de la embajada de los Estados Unidos, Armando Astorga, había escrito una carta al comandante de Policía Jaime Hurtado, haciéndole conocer que su gobierno suspendía el convenio de apoyo logístico y operativo a la Unidad Centro de Operaciones Anticontrabando del Ecuador. Esta Unidad pertenece, a su vez, a la Unidad de Investigaciones Especiales de la Policía Nacional. El argumento que había esgrimido el funcionario de los Estados Unidos había sido que no funcionaba satisfactoriamente la coordinación entre la Embajada y la Policía para asignar personal al Centro de Operaciones Anticontrabando.

El hecho conlleva a que los Estados Unidos dejen de aportar con 340.000 dólares estadounidenses a la Policía ecuatoriana. Sin embargo, aquí surge otra pregunta: ¿cómo es posible que el gobierno de los EUA haya tenido injerencia en el nombramiento de policías? Para Adrián Bonilla el asunto es tan dramático que permite la existencia de un convenio que otorga esa posibilidad. "No solamente la relación fue política e informal, sino que fue tan grave que el gobierno ecuatoriano suscribió por error, por descuido o voluntariamente un convenio que permitió esa barbaridad".

Por esta acción, el domingo pasado el ministro de Relaciones Exteriores, Fander Falconí, se reunió con la embajadora de los Estados Unidos, Heather Hodges, para informarle "la indignación del Gobierno ecuatoriano y el rechazo a los términos con que Astorga se dirigió al comandante de Policía".

¿Convenio verbal, no escrito?

Puertas adentro, el asunto es cuestionable, pues, según el comandante general de Policía, Jaime Hurtado, dicho convenio era verbal, no escrito. Sobre esto, el ministro Carvajal expresó que, en adelante, todo tipo de acuerdo tiene que realizarse por escrito sobre la base del respeto a la soberanía. También manifestó que la Policía tendrá que dar explicaciones sobre este tipo de prácticas.

Bonilla opina que si el convenio, en efecto, fue verbal, hay responsabilidades administrativas, disciplinarias y penales en aquellas personas que transfirieron la información. "Esto, sin embargo, tiene que verificarse, porque tanto el presidente de la República, Rafael Correa, como la Policía y los funcionarios de la Embajada estadounidense mencionaron siempre la existencia de un convenio (escrito)".

El caso, como se ve, lleva implícito dos asuntos graves: las relaciones entre Ecuador y los Estados Unidos, y cuestiones internas de la Policía Nacional que deberán esclarecerse inmediatamente.