El titular de la agencia nacional de noticias, Martín Granovsky, le envió al presidente del máximo tribunal de justicia, Ricardo Lorenzetti una misiva. En ella, comparte su preocupación "por la actitud hostil hacia la prensa por parte de funcionarios del Tribunal Oral Federal número 5" , que juzga al general retirado Jorge Olivera Róvere y cinco oficiales más de la dictadura.
El titular de la agencia Télam Martín Granovsky envió al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, una carta en la que dice que "no hay peligro cuando el fotógrafo dispara primero" y comparte con el responsable del máximo tribunal su preocupación "por la actitud hostil hacia la prensa por parte de funcionarios del Tribunal Oral Federal número 5", que juzga al general retirado Jorge Olivera Róvere y cinco oficiales más de la dictadura.
El secretario del Tribunal, Martín Schwartz, presionó al fotógrafo de Télam, Leonardo Zavattaro, con el propósito aparente de que no alcanzara a tomar ninguna imagen de Olivera Róvere. Zavattaro lo hizo pese a las presiones y antes de que fuera desalojado de la sala, donde había entrado con autorización del presidente del tribunal, Daniel Obligado.
En su carta a la Corte Suprema el presidente de Télam, Martín Granovsky, rescata la acordada del 28 de octubre pasado en la que la Corte estimula la difusión audiovisual de los juicios orales para "garantizar el derecho a la información en los casos judiciales de trascendencia pública que generan gran interés en la ciudadanía". "No hay peligro cuando el fotógrafo dispara primero.
Los riesgos aparecen cuando la Justicia no es tal, en dictadura, o cuando en democracia la morosidad de ciertos magistrados se convierte en una profecía autocumplida de la negación de justicia", dice un párrafo de la carta que se transcribe completa a continuación:
"Buenos Aires, 10 de febrero de 2009 Al señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Ricardo Luis Lorenzetti S/D Estimado señor Presidente: Tengo el agrado de dirigirme a usted para compartir mi preocupación por la actitud hostil hacia la prensa por parte de funcionarios del Tribunal Oral Federal número 5, que hoy a la mañana comenzaron la sustanciación del juicio que involucra al general retirado Jorge Olivera Róvere y cinco oficiales más.
Oivera Róvere está acusado de cuatro homicidios y 120 casos de privación ilegítima de la libertad durante la dictadura militar. El secretario del Tribunal, Martín Schwartz, presionó de mala manera al fotógrafo de Télam Leonardo Zavattaro para que saliera de la sala de audiencias e impedir, presuntamente, que tomara una fotografía de Olivera Róvere.
Por suerte para el derecho de los ciudadanos a informarse, el fotógrafo alcanzó a cumplir con su trabajo incluso en medio de los forcejeos a que fue sometido.
El fotógrafo concurrió a realizar su cobertura en el horario indicado y el sitio indicado por el presidente del Tribunal, el doctor Daniel Obligado, con quien yo mismo hablé el lunes por la tarde para garantizarle que la agencia actuaría de manera responsable y veloz para difundir las fotografías del juicio a todos los medios que las solicitaran.
Más aún: el doctor Obligado recibió en persona esta mañana a nuestro fotógrafo, lo trató correctamente y no le comunicó ningún cambio en las condiciones acordadas. Todo cambió cuando Zavattaro fue informado de que disponía de solo tres minutos para su trabajo, y cambió aún más cuando notó que, cuando esos tres minutos estaban por cumplirse, los acusados ni siquiera habían ingresado a la sala.
Como la información sobre un juicio incluye, fotográficamente, a todos los protagonistas, para la agencia y los miles de medios en el país y en el exterior quedaba claro que el trabajo sería incompleto sin una imagen del reo principal.
La fotografía del reo Olivera Rovere que los argentinos y el mundo conocieron hoy a pesar de las presiones es fruto de esa convicción profesional. Lamentablemente, ese mismo público se enteró también de otra noticia: para el Tribunal Oral Federal número 5, que integran junto al doctor Obligado los doctores Guillermo Gordo y Ricardo Farías, el general retirado Olivera Róvere no debe ser fotografiado.
Le escribo esta carta porque conozco el espíritu democrático y republicano que lo anima a usted y nutre a la Corte Suprema que preside, tal como lo sintetiza un párrafo de la acordada 29/08 firmada por unanimidad del tribunal el 28 de octubre de 2008: "(...) es preciso garantizar el derecho a la información en los casos judiciales de trascendencia pública que generan gran interés en la ciudadanía".
Por supuesto en Télam tomamos nota también de otra parte de la nota, la que dice que "esta regla de transparencia debe ser ponderada teniendo en cuenta el debido proceso, la privacidad de las personas acusadas y su derecho al respeto del principio de inocencia", y de ese otro tramo que pide "preservar el buen cumplimiento de los actos procesales, la reserva de los testimonios y la mesura con que deben ser tratadas las cuestiones del enjuiciamiento".
La Justicia de la Argentina democrática garantiza a Olivera Róvere el principio de inocencia consagrado por la Constitución Nacional. Pero el principio de que Olivera Róvere es inocente hasta que la Justicia demuestre lo contrario no se contradice con el hecho de que sea fotografiado, y menos aún con el derecho de los ciudadanos a ser informados.
Olivera Róvere no es una persona que acaba de ser detenida en un procedimiento policial. Es un reo que ya pasó por el proceso de instrucción y que, luego de haber sido indultado por el entonces presidente Carlos Menem, fue procesado por el juez Rodolfo Canicoba Corral en 2004, hace nada menos que cinco años.
En el levantamiento de Semana Santa de 1987, un carapintada apuntó con su arma contra un auto en el que viajaban periodistas de la agencia Noticias Argentinas. Rafael Calviño tomó la imagen, que muestra el agujero de la pistola dirigido a su cámara. Esa vez el suboficial Maguire llegó tarde.
El fotógrafo disparó primero. No hay peligro cuando el fotógrafo dispara primero. Los riesgos aparecen cuando la Justicia no es tal, en dictadura, o cuando en democracia la morosidad de ciertos magistrados se convierte en una profecía autocumplida de la negación de justicia.
Sería bueno que lo supieran algunos miembros del Tribunal Oral Federal número 5 y el secretario Schwartz, encargados de sustanciar el juicio público sobre Olivera Róvere y, al menos en la teoría, responsables de iniciar el proceso judicial a los acusados de violaciones a los derechos humanos en el ámbito de la Escuela de Mecánica de la Armada.
Afortunadamente lo sabe la Corte Suprema, que en su acordada de octubre, al sugerir normas de cobertura audiovisual, dijo que la reglamentación no podrá "interpretarse en el sentido de que ella importe una restricción al ejercicio del derecho de informar, amparado por la Constitución Nacional y los Tratados Internaciones sobre Derechos Humanos con jerarquía constitucional".
Lo saludo con mi mayor consideración. Martín Granovsky Presidente de Télam Sociedad del Estado".
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