La Paz, 01 feb (ABI).- Los derechos de naturaleza colectiva, como salud, trabajo y acceso a los servicios básicos que están delimitados en la nueva Constitución Política del Estado (CPE), aprobada en el referendo del 25 de enero, serán aplicados por decretos supremos que están siendo elaborados por el Poder Ejecutivo.
El ministro de Desarrollo Rural y Agropecuario, Carlos Romero, informó este domingo que estos derechos son de aplicación directa y que cada ministerio está trabajando en estructurar las normas que las viabilicen.
"Aplicación directa significa que no
requieren ser reglamentados a través de leyes. Casi la mayoría de la
carta de derechos no necesita reglamentación, es decir, que pueden ser
aplicados a través de decretos, de proyectos, de programas a iniciativa
desde el Poder Ejecutivo", dijo Romero.
Por ejemplo, citó, que la nueva Carta Magna amplía los derechos
laborales y, por tanto, el ministro de Trabajo, Wálter Delgadillo,
tiene tareas concretas al respecto.
En el texto constitucional se plantea también el Seguro de Salud
Universal, cuyo respaldo, es decir normas de aplicabilidad, están
siendo elaboradas por el Ministerio del sector.
El nuevo texto constitucional, instituye que los servicios básicos
(agua, luz, saneamiento) son derechos humanos, de acceso progresivo y
universal para la población.
La tarea de promover normas para su aplicación corresponde a los ministerios de Obras Públicas y Aguas.
"En el caso de nuestro ministerio (de Desarrollo Rural y
Agropecuario), es garantizar una alimentación adecuada, nutritiva,
suficiente y de calidad para el conjunto del pueblo boliviano", dijo el
ministro Romero.
La viceministra de Coordinación Gubernamental, Rebeca Delgado,
indicó, a su turno, que las normas están siendo elaboradas por cada
cartera de Estado.
"Hay un expreso mandato del Presidente (a los ministerios) de que
se vayan trabajando en (proyectos de) leyes y decretos para la
implementación de la nueva Constitución", señaló la autoridad.
Delgado explicó que estos derechos se irán adecuando de forma
paulatina ya que la mayoría de estos están incorporados en el Plan
Nacional de Desarrollo que impulsa el Poder Ejecutivo.
NUEVA CONSTITUCIÓN
La nueva Constitución Política del Estado preserva y garantiza los
derechos fundamentales de los sectores vulnerables de la sociedad
civil, como niños, adolescentes, adultos mayores, discapacitados y
personas privadas de libertad.
El artículo 61 prohíbe y sanciona toda forma de violencia contra
las niñas, niños y adolescentes, tanto en la familia como en la
sociedad.
Se prohíbe el trabajo forzado y la explotación infantil por lo que
las actividades que realicen las niñas, niños y adolescentes en el
marco familiar y social estarán orientadas a su formación integral.
La familia también se constituye en el núcleo fundamental de la sociedad y se establece que el Estado deberá garantizarla.
Respecto a las personas adultas mayores, la nueva Carta Magna
prohíbe y sanciona el maltrato, abandono, violencia, discriminación y,
además, garantiza la Renta Dignidad.
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