Se trata de ex policías que actuaron en el ex centro clandestino de detención de Arana y que fueron beneficiados hace dos semanas por un fallo de la Cámara de Casación Penal, a pesar de estar imputados por privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos. Para la organización de derechos humanos Justicia Ya!, es incomprensible que "el Poder Judicial insista en minimizar el genocidio".
El 12 de enero último, la Cámara Nacional de Casación Penal había otorgado la excarcelación a los tres jefes policiales, luego de que presentaron las garantías para cubrir una caución de 75 mil pesos cada uno.
Organizaciones de Derechos Humanos apelaron la excarcelación otorgada a
tres ex policías que actuaron en un centro clandestino de detención de
la localidad de Arana, partido de La Plata durante la última dictadura.
Se trata de Rubén Páez, Miguel Kearney y Bernabé Corrales,
quienes fueron excarcelados el 12 de enero por resolución de la Sala
III de la Cámara Nacional de Casación Penal.
Los tres ex
policías están imputados de la privación ilegal de la libertad y los
tormentos sufridos por centenares de víctimas que estuvieron alojadas
en el centro clandestino de Arana, en causas que se tramitan ante el
juez federal platense, Arnaldo Corazza.
Según el colectivo
Justicia Ya!, las entidades de derechos humanos apelaron la medida ante
la Corte Nacional alegando que "resulta inconcebible y manifiestamente
insultante para las víctimas y para la sociedad toda, que en el marco
de la impunidad que reinó los últimos 33 años, se pretenda tomar como
argumento decisivo que hasta el presente los imputados no registren
condenas ni hayan procurado mantenerse prófugos de una Justicia que
nunca los requirió".
Para el organismo es incomprensible que
"el Poder Judicial insista en minimizar el genocidio dando más valor a
la edad de los imputados, a que sus lugares de residencia hayan sido
estables, sus núcleos familiares consolidados y sus comportamientos en
prisión correctos; que a los cientos de crímenes aberrantes por ellos
cometidos", según expresó en un comunicado.
De este modo, el
colectivo cuestionó los fundamentos de la Sala III, que excarceló a los
tres represores por considerar que no había riesgo de fuga, nunca
habían intentado fugarse, tenían domicilios fijos y no registraban
antecedentes.
Además, Justicia Ya! solicitó una entrevista al
procurador general de la Nación, Esteban Righi, con el fin de
reclamarle que instruya a los fiscales de Casación para que también
apelen la resolución que puso en libertad a estos represores.
"Resulta
alarmante que este paso no haya sido concretado por los fiscales
inmediatamente después de conocido el fallo", expresa el comunicado,
que recuerda que los fiscales sí apelaron la resolución de la Sala II
de la misma Cámara de Casación que ordenaba la libertad de 17
represores de la ESMA, hecho que suspendió la concreción de la medida.
Esta
organización defensora de los derechos humanos está integrada por la
Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos; Central de Trabajadores
Argentinos (CTA) La Plata-Ensenada; Central de Trabajadores Argentinos
(CTA) Prov. de Bs. As.; Centro de Abogados por los Derechos Humanos
(CADHU), Centro por los Derechos Humanos Hermanos Zaragoza; Centro de
Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH); y el Comité de Acción
Jurídica (CAJ). También están H.I.J.O.S. La Plata y Madres de Plaza de
Mayo La Plata, entre otros.
El 12 de enero último, la Cámara
Nacional de Casación Penal había otorgado la excarcelación a los tres
jefes policiales, luego de que presentaron las garantías para cubrir
una caución de 75 mil pesos cada uno.
Las libertades fueron
dispuestas por la sala integrada por los magistrados Ángela Ester
Ledesma, Guillermo Tragant y Eduardo Rafael Riggi.
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