El flamante presidente de Estados Unidos ordenó el desmantelamiento del penal emplazado en la base militar norteamericana vecina a Cuba. También oficializó la disposición que suspende por 120 días todos los juicios abiertos contra los prisioneros y prohibió los métodos de interrogatorio con torturas.
"No existe contradicción entre una guerra exitosa contra las organizaciones terroristas, manteniendo al mismo tiempo los ideales estadounidenses sobre derechos humanos", señaló Obama.
El nuevo presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, firmó ayer
decretos que ordenan el cierre, en el plazo de un año, de la cárcel de
Guantánamo, la revisión de los juicios de los acusados de actos
terroristas y la prohibición de los métodos de interrogatorio con
torturas.
"El mensaje que estamos enviando al mundo es que
Estados Unidos seguirá con la presente lucha contra la violencia y el
terrorismo, pero lo haremos de forma efectiva y de modo que sea
consecuente con nuestros valores y nuestros ideales", dijo el flamante
mandatario en un breve discurso tras la firma en el Salón Oval de la
Casa Blanca.
"Pretendemos ganar esta batalla, pero vamos a
ganarlas en nuestros términos", insistió Obama, subrayando que no
existe contradicción entre una guerra exitosa contra las organizaciones
terroristas, manteniendo al mismo tiempo "los ideales estadounidenses
sobre derechos humanos", dijo.
La medida, con la que el
demócrata cumple una de sus promesas más importantes de campaña, supone
un vuelco importante respecto al criterio de la Administración del ex
presidente George W. Bush y debería implicar el desmantelamiento de
toda la red de prisiones ilegales levantadas durante ese período de la
historia estadounidense que acaba de culminar.
Obama también
revocó específicamente varias decisiones de Bush, como el decreto que
reinterpreta el artículo 3 de la Convención de Ginebra sobre la
tortura, y prohibió que se siga cualquier orden o interpretación legal
emitida por el Departamento de Justicia o cualquier otra agencia
gubernamental a partir del 11 de septiembre de 2001, informó la agencia
de noticias DPA.
Sin embargo, por el momento el flamante
mandatario no eliminó las comisiones militares creadas por Bush para
juzgar a los detenidos, e incluso aseguró que no descarta su
utilización.
En el acto de la firma, el mandatario estuvo rodeado de numerosos militares que denunciaron los métodos usados en Guantánamo.
Los
decretos -dirigidos a la CIA- regulan la detención de sospechosos de
terrorismo y ponen fin al programa que permite retener en prisiones
secretas, sin control judicial, y durante meses o años a estos
sospechosos, precisó la agencia de noticias Europa Press.
También
ordenan que los sospechosos de terrorismo serán llevados a territorio
estadounidense y presentados ante tribunales regulares militares o
federales.
Se desconoce por ahora lo que ocurrirá con aquellos
que deben ser liberados, los que según algunas estimaciones constituyen
al menos un 20% del total de reclusos.
Un cuarto decreto está
referido específicamente a la revisión del caso de Ali al Marri, de
origen qatarí y el único "combatiente enemigo" retenido en suelo
estadounidense, para determinar si tiene derecho a presentar una
demanda para exigir su libertad.
El controvertido penal
estadounidense, emplazado en territorio cubano y símbolo de la
denominada "Lucha contra el terror" de la gestión Bush, implicó la
fuerte condena de numerosos países, tras revelarse que varios de sus
247 reclusos habían sido torturados con el método "waterboarding"
(asfixia simulada), entre otros.
La Administración Bush,
reconoció que algunos de los cautivos allí habían sido torturados bajo
ese método -al que negó el estatuto de tortura- lo que desató una
catarata de reclamos por parte de organismos de derechos humanos en
todo el mundo que reclamaron su cierre inmediato.
En tanto, la
organización de defensa de los derechos humanos, Human Rights Watch,
recibió con cautela el anunció, según la vocera Jennifer Daskal.
Daskal,
experta en contraterrorismo de la organización, aseguró que como
"primer paso" es positivo, pero que aún quedan muchas incógnitas por
resolver. "No es una solución importar ese sistema de detenciones sin
cargos a Estados Unidos", advirtió.
Hoy, un sondeo realizado por
Opinión Research para la cadena televisiva CNN, mostró que el 51% de
los estadounidenses apoya el cierre del centro de detención, donde se
estima que quedan unos 245 prisioneros, frente al 47% que se
manifiestan en contra de su clausura.
Estas cifras suponen un
considerable incremento del respaldo frente a los datos de 2005.
Entonces, sólo el 36% respaldaba el cierre del centro de detención,
frente al 58% que se mostraba partidario de que permaneciera abierto.
El
gobierno de Bush creó la cárcel -luego de los atentados del 11 de
septiembre de 2001- en el este de Cuba, un territorio que Washington
mantiene desde 1903 separado del resto de la Isla por un cerco de 28
kilómetros de largo, y con 44 torres de vigilancia.
El hecho de
que no se encuentre en territorio estadounidense, permitió al gobierno
de Bush negar a los prisioneros confinados allí sus derechos civiles
fundamentales de defensa. En total estuvieron encarcelados más de 750
sospechosos de terrorismo y actualmente son unos 247. (Telam)
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