La bronca de los vecinos los impulsaron a elaborar hipótesis de gravedad extrema, por las que denuncian oscuras asociaciones entre el Estado y las empresas, que tienen más de indignación e impotencia que de análisis económico-político. El ministro De Vido explicó los fundamentos de las medidas en Octubre del año pasado.
De todas formas, el Defensor del Pueblo de Tucumán se comprometió a controlar la regularidad de las mediciones.
Al sancionarse la resolución, el ministro de planificación, Julio De Vido, aseguró: "la tarifa es la misma. Lo único que se cambia es el subsidio. Al 92 por ciento de los usuarios no le afecta esta medida".
Además, agregó que la eliminación de los subsidios se aplicará a los “usuarios”, en base al siguiente esquema: a los que en un plazo bimestral consuman entre 1000 y 1200 kilovatios, se quitará el 25 por ciento; entre 1200 y 2200, el 50 por ciento, y más de 2800 hasta 4000, quita del 100 por ciento del subsidio.
Como se ve, las empresas no se ven directamente beneficiadas por los subsidios, sino el Estado, ya que no gasta. De ser cierto el siniestro plan denunciado por los usuarios las empresas solo obtendrían las ganancias extra de las tarifas inventadas, mientras que el gobierno se vería exento de subsidiar a las empresas, conforme al esquema antes descripto.
De hecho, el propio ministro De Vido, anunció que con estas medidas el gobierno nacional tenía planeado ahorrar 800 millones de pesos. Pero entre la intención del Estado de ahorrar dinero y la constitución de una asociación ilícita del Estado con las empresas de energía, parece haber una gran distancia.
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