15/01/2009 - En General

Catamarca: El agua es un servicio, no un negocio

El abrupto final que durante el 2008 encontró la empresa Aguas del Valle deja un panorama incierto sobre la prestación del más esencial de los servicios para los catamarqueños. En efecto, la distribución de agua potable –por no mencionar el servicio de la red cloacal- muestra un déficit crónico y preocupantes matices, que hasta el momento se mantienen sin solución.

La falta de inversión extendida durante décadas, derivó en un panorama muy complejo.

Lo realmente extraño es que la ausencia de respuestas es acompañada en este caso por la paulatina desaparición de las preguntas, y cuestiones elementales como conocer la calidad del agua que bebemos parecen haberse eliminado de la agenda oficial.

De la noche a la mañana, temas primordiales como la evaluación de la calidad del agua, quedaron en el olvido, y junto con el certificado de defunción de la empresa que tenía la concesión del servicio, se apagaron todos los reclamos.

Lo primero que debe apuntarse con respecto a la desprolija salida de Aguas del Valle, es que no sorprende el derrumbe del emporio de la empresa en Catamarca sino el fabuloso período de tiempo que se esperó para expulsarla, en una provincia donde la sequía es moneda corriente en decenas de miles de hogares.

Como suele ocurrir, la falta de inversión extendida durante décadas, derivó en un panorama muy complejo, ya que gran parte de la red de distribución de agua está destruida y las pérdidas de líquido son tan abundantes que el propio municipio capitalino atribuyó a este factor la rotura de calles y avenidas.

Lo cierto es que la concesionaria se fue, y en el medio quedaron denuncias de toda clase, entre ellas, la afirmación de que los niveles de nitrato del agua que consumen los catamarqueños serían entre 50 y 400 por ciento superiores a los permitidos por la Organización Mundial de la Salud. Para que no se tome esta referencia como caprichosa, habrá que recordar que los límites estipulados por la OMS son también los que figuraban en el vapuleado contrato de concesión.

Las sospechas de contaminación son de vieja data. Ya en 2002 la posibilidad fue denunciada por la geóloga Marta Ubaldini de Jiménez al entonces vicegobernador de la provincia, Hernán Colombo, y a las autoridades del Ente Regulador de Servicios Públicos y Otras Concesiones (ENRE) sin que se adoptaran medidas concretas. Hubo diversos estudios, encarados por distintas entidades: algunos dieron resultados negativos, otros positivos, pero ninguno logró adquirir un carácter concluyente.

Diversas entidades de usuarios denunciaron, además los incumplimientos de Aguas del Valle en la realización de obras de cloacas cobradas por adelantado a los usuarios, el incumplimiento de la obligación de instalar medidores a usuarios que debido a ello pagaban un 90 por ciento más de tarifa, la falta de pago del canon mensual y la tasa de fiscalización que generó una deuda millonaria de la empresa con el Gobierno provincial, los permanentes cortes del servicio de agua por falta de mantenimiento, la escasez de presión del agua (fijada por el Contrato de Concesión en 8 metros de columna de agua, cuando no alcanzaba en promedio los 4 metros), etc.

Por supuesto, a aquellos reclamos inconducentes se le añadieron quejas por los juicios ejecutivos abusivos contra usuarios por deudas del servicio, protestas por la facturación, etc.

El repaso de esta historia, conduce a un presente con irregularidades de toda clase, comenzando por un mal servicio, miles de usuarios que no pagan facturas por el agua, otros tantos que pagan más de lo que consumen, un sistema de distribución deteriorado, conexiones clandestinas, escasez de recursos hídricos y una demanda que crece de la mano de decenas de nuevos barrios.

Frente a este panorama, distintos actores comienzan a preguntarse cuál será la próxima empresa en aterrizar a Catamarca para hacerse cargo del paquete del agua y de la luz. De hecho, las autoridades del ENRE explicaron que el organismo no se disolvió porque este predominio estatal es sólo una coyuntura, un momento de transición que encuentra al Estado como accionista mayoritario, pero la idea es volver a ceder el manejo a capitales privados.

Las experiencias anteriores, sin embargo, indican que no serán estos grupos de inversión, que buscan réditos inmediatos y sostenidos, quienes puedan solucionar el problema del agua en Catamarca. Por el contrario, es fácil predecir que apenas descubran los inconvenientes de la provincia, reclamen flexibilidad con sus obligaciones, aumentos tarifarios para solventar obras y todos los requisitos que suelen caracterizar el accionar de las concesionarias de servicios.

El suministro de agua es un derecho vital, y a esta altura el Estado debería asumir la responsabilidad plena de la situación, administrando, corrigiendo, invirtiendo y solucionando los gravísimos problemas que conviven con los catamarqueños.

El agua no puede ser tomada como una mercancía, porque antes que un negocio, su distribución es un servicio, que no admite la aparición de aventureros.

El Estado ya fracasó rotundamente como ente de control del accionar privado, y no puede fracasar ahora como administrador. Existen recursos para mejorar la red de cañerías, para ampliar y modernizar las plantas potabilizadoras y para corregir las mediciones de consumo. Miles de usuarios pagan sus boletas por una prestación pésima, y sólo con la correcta utilización de esos recursos, el servicio podría mejorar sustancialmente.

La clave será interpretar que el agua no puede ser un simple objeto de compra-venta, sino que debe garantizarse su disponibilidad en cada hogar. La salud y la vida de la comunidad dependen de ello. (CatamarcaEsNoticia.com.ar)