Nuevo revés judicial para el "Tigre" Acosta y otros cinco represores de la ESMA
El represor Jorge "el Tigre" Acosta y otros cinco imputados por crímenes de "lesa humanidad" cometidos en el centro clandestino de detención que funcionaba en la ESMA sumaron un nuevo procesamiento, con prisión preventiva y embargos de ocho millones de pesos en sus bienes.
Sumaron otro procesamiento con prisión preventiva por secuestros, torturas, extorsión y asociación ilícita. La medida incluye embargos de $8 millones.
El represor Jorge "el Tigre" Acosta y otros cinco imputados por
crímenes de "lesa humanidad" cometidos en el centro clandestino de
detención que funcionaba en la ESMA sumaron un nuevo procesamiento, con
prisión preventiva y embargos de ocho millones de pesos en sus bienes.
Las
medidas fueron tomadas por el juez federal Sergio Torres y recayeron en
Acosta, Jorge Carlos Radice, Pablo García Velasco, Eduardo Alberto
González, Juan Carlos Rolón y Ricardo Miguel Cavallo.
El
magistrado les imputa responsabilidad en los secuestros y desaparición
de Victorio Cerutti, Omar Masera Pincolini, Horacio Mario Palma, Raúl
Masera Pincolini, Diego Masera Pincolini y Mariana Masera Pincolini;
torturas, extorsión y asociación ilícita.
En una resolución de
55 carillas, a la que Télam tuvo acceso, el magistrado explicó que las
privaciones ilegales de la libertad de las víctimas fueron perpetradas
por los represores "con abuso de sus funciones o sin las formalidades
prescriptas por la ley" y agravadas "por haber sido cometidas con
violencia o amenazas".
El juez, con la intervención del
secretario Pablo Yadarola, citó fallos de tribunales internacionales
que "ponen el acento no solamente en la extrema gravedad de los hechos
sino también en cómo este tipo de conductas lleva ínsita en su misma
concepción la intención de perpetrar la obstrucción del descubrimiento
de la verdad".
"Todos los imputados son investigados por
delitos cometidos en el desempeño de sus funciones como integrantes de
las fuerzas armadas o de seguridad -independientemente de sus
responsabilidades individuales- es decir una organización dependiente y
sustentada por el Estado y su actuación se basó en busca del amparo de
esa estructura organizada", se afirmó en la resolución.
Los
represores fueron indagados el 5 de enero último ocasión en la que
"negaron en forma breve y genérica las imputaciones", se manifestaron
"completamente ajenos" a los hechos investigados y rehusaron contestar
las preguntas que tenían los investigadores.
El juez los
responsabilizó por "las privaciones ilegales de la libertad,
sometimiento a condiciones inhumanas de vida y posterior desaparición"
de sus víctimas quienes fueron secuestrados por los grupos de tareas de
la ESMA con el objeto de apoderarse de bienes de la Sociedad Cerro
Largo.
En este legajo -un desprendimiento de la "megacausa ESMA"
reabierta tras la derogación de las leyes de obediencia debida y punto
final- se investigan los hechos vinculados con aquellos que
perjudicaron a Conrado Higinio Gómez, quien fue secuestrado el 10 de
enero de 1977.
De acuerdo a constancias del expediente, uno de
los objetivos del "grupo de tareas" de la ESMA que participó del
secuestro era "apoderarse de los bienes de la Sociedad Cerro Largo" que
integraban las víctimas quienes fueron obligadas a firmar
"documentación espuria" para desapoderarlos de esos bienes.
Los
bienes pasaron así a manos de "oficiales de la ESMA" que actuaban con
nombres supuestos, tal como Juan Héctor Ríos (en realidad Rádice) ó
Federico Williams, nombre con que operaba el represor Francis Whamond,
quienes estaban "nucleados bajo una apariencia societaria que
denominaron Willri".
Los informantes recordaron que algunos de
los secuestros se perpetraron en la ciudad de Mendoza, donde vivían las
víctimas y estaban ubicadas tierras de Cerro Largo, en la localidad de
Chacras de Coria; mientras que Palma fue privado ilegalmente de su
libertad en su domicilio particular de Hurlingham.
Las
propiedades que conformaban el patrimonio de Cerro Largo fueron luego
incorporadas, dijeron las fuentes, a otra sociedad "constituida a los
efectos de ingresar los bienes despojados" por la "organización
criminal conformada por miembros de la Armada y personas íntimamente
vinculadas a estos".
En el marco del legajo por la apropiación
de bienes de los ilegales prisioneros alojados en la ESMA, el juez
Torres, el 15 de diciembre último, elevó a juicio oral y público a
estos represores junto a Eduardo Enrique Massera, hijo del ex dictador
Emilio Eduardo Massera.
De las constancias del expediente se
desprende que Gómez fue objeto de torturas y "métodos extorsivos" para
obligarlo a firmar contratos de cesión de sus propiedades, entre ellas
el costoso predio de "Chacras de Coria", en una exclusiva zona
residencial mendocina, valuado en 15 millones de pesos; y hasta sus
caballos pura sangre de carrera. (Telam)
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