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La Fiscalía de Estado aguarda una resolución durante la feria
Camara fotoAMPLIARLa Fiscalía de Estado aguarda una resolución durante la feria
01/01/2009 - Juicios

Alperovich espera que las subrogancias se decidan en enero

El mandatario aspira que durante este mes comiencen a definirse los recursos presentados contra la orden que suspendió cautelarmente el proceso de la designación de jueces interinos. El Fiscal de Estado solicitó que el tema sea tratado durante la feria judicial que se extenderá durante el presente mes.

Las vacantes por cubrir suman 31,se debe, principalmente, al hecho de que desde mediados de año numerosos jueces iniciaron los trámites para jubilarse luego de que la provincia consiguió que, al igual que los federales, pudieran retirarse con el beneficio del 82 por ciento móvil.

El gobernador José Alperovich aspira a que la justicia defina en enero los recursos presentados contra la orden que suspendió cautelarmente el proceso de designación de jueces interinos.

La Fiscalía de Estado, que encabeza Pedro Giudice, solicitó que traten durante la feria judicial de enero los recursos de nulidad y de revocatoria que dedujo contra las órdenes cautelares dispuestas en dos causas en las que fue cuestionada la constitucionalidad de la Ley 8.136, que permitía el nombramiento directo -sin selección previa- de magistrados interinos.

La representación legal de la Provincia argumentó que, dada la trascendencia institucional de la cuestión y el inminente inicio de la feria judicial de enero, urge sustanciar los recursos interpuestos contra las resoluciones de Rodolfo Novillo, vocal de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. 

En las resoluciones, Novillo concluyó: "aparece verosímil una visible desarticulación entre la posibilidad de designaciones interinas y discrecionales de jueces, creada por la Ley 8.136, y la exigencia constitucional de un procedimiento de selección objetiva de aspirantes".

El magistrado entendió que el mecanismo que prevé la Ley 8.136 contraviene el artículo 101, inciso 5 de la Constitución provincial, que exige que los futuros jueces -sin distinciones entre titulares e interinos- sean seleccionados mediante un sistema que incluya la celebración de concursos públicos.

Novillo hizo lugar a los pedidos de medidas cautelares que habían efectuado el Colegio de Abogados del Sur y dos letrados particulares que, en causas separadas, plantearon la inconstitucionalidad de la Ley 8.136.

La orden de no innovar dispuesta por Novillo llegó el domingo 21, justo cuando un día antes de que venciera el plazo para que los interesados en cubrir cargos en el carácter de interinos se inscribieran en el registro establecido por el Ministerio de Gobierno, en el que ya se habían anotado 307 abogados. 

El sistema de la Ley 8.136 preveía que, una vez que venciera el plazo previsto para que se anotaran los interesados, los ciudadanos disponían de tres días para efectuar observaciones sobre los candidatos, aunque estas no iban a ser vinculantes ni iban a tener ningún efecto.

Luego del período de impugnaciones, el gobernador iba a elegir directamente a uno de los interesados por cargo y luego iba a solicitar el correspondiente acuerdo de la Legislatura, de manera que los interinos pudieran desempeñarse hasta que fueran designados los magistrados titulares.

La cantidad de vacantes por cubrir (suman 31) se debe, principalmente, al hecho de que desde mediados de año numerosos jueces iniciaron los trámites para jubilarse luego de que la provincia consiguió que, al igual que los federales, pudieran retirarse con el beneficio del 82 por ciento móvil.    

La apertura del registro de interesados en desempeñarse como subrogantes o interinos es la consecuencia de la Ley 8.136, que permitía que el Poder Ejecutivo designara jueces provisorios, teniendo en cuenta la controversia judicial que existe sobre la integración del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM). 

En estos momentos, en Tucumán no se pueden designar jueces en forma definitiva, como consecuencia de la causa que enfrenta al Colegio de Abogados y al gobierno de la provincia sobre la constitucionalidad de normas de la Carta Magna reformada en 2006.


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