AMPLIAREl Máximo Tribunal en la última acordada del año La Corte Suprema reclamó acelerar las causas por violaciones a los derechos humanos
El máximo tribunal hizo el llamado a los jueces que tienen que definir el futuro de los acusados. En la última acordada del año decidió, además, realizar un seguimiento de los expedientes que involucran delitos de lesa humanidad durante la dictadura.
La acordada crea una organismo especial, la Unidad de Superintendencia para Delitos de Lesa Humanidad, con facultades para requerir informes a los magistrados sobre la evolución de esos procesos.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación exhortó ayer a todos los
tribunales a acelerar el trámite de las causas por violaciones a los
derechos humanos durante la última dictadura militar.
Fuentes
vinculadas al máximo tribunal confirmaron que la Corte
decidió, en una acordada, que se efectuará un seguimiento de los
expedientes que involucran delitos de lesa humanidad durante ese
período.
Pocos días atrás, la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner calificó como "una vergüenza para la Argentina y la humanidad"
la medida de la Cámara de Casación -luego suspendida- que dispuso la
liberación de Alfredo Astiz y otros represores en la causa ESMA, en
tanto que en 2007 el entonces presidente Néstor Kirchner cuestionó que
desde 2003 había "98 casos parados" sobre violaciones a los derechos
humanos.
La Corte realizó, además, en su acordada de hoy un
informe sobre el estado de causas en trámite en distintas
jurisdicciones del país sobre el accionar de represores entre marzo de
1976 y diciembre de 1983.
El informe citó una docena de juicio
orales realizados en los últimos tres años, entre ellos los conocidos
como "Mansión Seré" y "Masacre de Fátima" en esta capital y en los que
se condenó, entre otros, a los militares Luciano Benjamín Menéndez y
Jorge Acosta ("Brandalisis" en Córdoba); el ex capellán del ejército
Christian Von Wernich y el ex comisario Miguel Etchecolatz, en La Plata.
También
mencionó casos en "etapa de juicio oral", como las "megacausas" sobre
delitos cometidos en las órbitas del Cuerpo I del Ejército y en la
Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el "Plan Cóndor" y "Riveros",
en las que están procesados, entre otros, los ex presidentes de facto
Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone, los ex marinos Acosta y Alfredo
Astiz y los ex jefes del ejercito Antonio Bussi, Cristino Nicolaides y
Ramón Díaz Bessone.
"Para una correcta evaluación de estos
procesos es necesario considerar que se trata de la mayor investigación
llevada a cabo en el mundo entero sobre delitos de lesa humanidad",
destacaron las fuentes.
A la falta de tribunales especiales y
legislación que delimite la investigación "hay que agregar -señaló la
evaluación- que el Poder Judicial ya estaba saturado por el nivel de
litigiosidad" y que hay "insuficiencia de jueces" y faltan "edificios
adecuados, tecnología y salas de audiencias".
En marzo de 2007,
el entonces presidente Néstor Kirchner afirmó que hay "98 casos parados
desde 2003" en relación a las causas contra represores.
"Asumo lo que digo, no vine a sentarme en el sillón de presidente para hacer una convivencia formal entre los poderes", señaló.
Kirchner
indicó que "la desmesura es que hace cuatro años las causas están
paradas, la desmesura es que hay hermanos y hermanas que están
esperando justicia y ver en el lugar que corresponde a quienes violaron
los derechos humanos".
"La democratización total de la Argentina
tiene que llegar a todos los sectores", explicó y sobre las palabras
que pronunció en Córdoba, cuando pidió mayor celeridad en las causas
que involucran ex represores, afirmó que "si no hubiera dicho eso me
hubiera sentido una persona sin dignidad, un cobarde".
"Lo dije
no para invadir poderes, sino para despertar conciencia...a mi muchos
argentinos me dicen queremos justicia", subrayó Kirchner.
"Yo
estuve en La Perla y vi los rostros de mucha gente que cree en la
justicia y no en la venganza. Estamos esperando verdaderos juicios
imparciales que digan quien es culpable y quien no, sin venganza",
manifestó.
Por su parte, la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner calificó durante un acto en la ESMA como una "vergüenza para
la Argentina y la humanidad" la liberación de Alfredo Astiz y otros
represores en la causa ESMA dispuesta por la sala 2 de la Cámara de
Casación Penal, medida que luego se retrotrajo.
En tanto, el
informe de la Corte indica que el juicio oral por hechos ocurridos en
jurisdicción de la ESMA se podría realizar luego de la fecha prevista
(febrero de 2009) para aquel por los registrados en el Cuerpo I del
Ejército, pero "no antes de mediados de año".
Entre las razones
que dilatan los procesos se enumeraron a problemas para la constitución
de los tribunales, congestión de causas, oposición de las querellas a
juicios por hechos aislados, diversificación de las denuncias y la
pretensión de obtener toda la información sobre la suerte que corrieron
miles de víctimas.
La decisión de impulsar los casos sobre
violaciones a los derechos humanos durante la dictadura "se enmarca en
una política de estado compartida desde el regreso de la democracia por
los otros dos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo", dijeron las
fuentes.
La acordada crea una organismo especial, la Unidad de
Superintendencia para Delitos de Lesa Humanidad, con facultades para
requerir informes a los magistrados sobre la evolución de esos procesos.
La
recomendación dirigida a los tribunales inferiores recuerda el mandato
constitucional de garantizar el "debido proceso" y el derecho, tanto de
los imputados como de los damnificados o sus familiares, a tener una
sentencia definitiva en un término razonable.
Del informe preparado por la Corte surge la "necesidad" de crear más tribunales orales para llevar adelante los juicios.
Existe
un "reiterado reclamo", agregó el documento, para que el Consejo de la
Magistratura "construya o alquile salas de audiencias" en esta capital
y en algunas provincias.
En esta capital el Tribunal Oral
Federal Cinco concentra todas las causas contra militares procesados
por violaciones a los derechos humanos durante el autodenominado
"Proceso de Reorganización Nacional".
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