Según lo refleja el informe semanal del IDESA. Reforzar con $200 el ingreso de quienes cobran el salario mínimo aparece como un intento de mitigar el sesgo regresivo de la mayoría de las medidas anunciadas hasta ahora, como el crédito bajo condiciones preferenciales, la reducción de impuestos y el perdón a los evasores.
Lamentablemente, en un mercado laboral con muy alta incidencia de la informalidad la medida no va poder cumplir con el objetivo, dice el informe difundido ayer.
Uno de cada tres asalariados privados percibe en el país un sueldo que
está por debajo de 1.240 pesos, el mínimo vital y móvil establecido por
ley, mientras que las medidas económicas anunciadas por el Gobierno
inclinaron la balanza de beneficios solamente para los que más ganan.
Esas
condiciones hacen que miles de trabajadores no puedan acceder a los
créditos oficiales con tasas financiadas porque no cumplen con los
requisitos de montos pedidos en los planes, según el informe semanal del
Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa).
Según
sostiene Idesa, esas imposibilidades tienden "injustos" a los programas
oficiales como el plan canje de heladeras, el de financiamiento de
autos y, más aún, cuando estos se dan en el marco de la reducción de
impuestos los que más ganan -con la eliminación de la "tablita de
Machinea"- y "el perdón a los evasores" -con la repatriación de
capitales-.
De acuerdo a la última Encuesta Permanente de
Hogares (EPH) publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos (Indec), el 36 por ciento de los trabajadores asalariados en el
sector privado -excluyendo el servicio doméstico- tiene un salario
inferior al mínimo legal.
Esos datos pertenecen a la EPH de 2006
pero resultan una aproximación valedera a algunas cuestiones que el
Indec no publica por los ya conocidos conflictos con la Secretaría de
Comercio Interior, a cargo de Guillermo Moreno, que defiende los
intereses del Gobierno, según sostiene Idesa.
En tanto, de ese
36 por ciento, el 28 está en un empleo registrado mientras que el 72
restante está en un empleo no registrado, lo cual vuelca aun más la
tasa de la desigualdad en contra de los trabajadores perjudicados.
A
su vez, dos de cada tres de los que ganan por debajo del mínimo legal y
están en un empleo no registrado, pertenecen a empresas con menos de 10
trabajadores, de acuerdo a los último detalles del organismo estatal.
"Reforzar
con 200 pesos el ingreso de quienes cobran el salario mínimo aparece
como un intento de mitigar el sesgo regresivo de la mayoría de las
medidas anunciadas hasta ahora", expresa el documento.
Y
agrega que en un mercado laboral con "muy alta" incidencia de
informalidad, la medida no va poder cumplir con el objetivo y se "pone
en evidencia que para enfrentar la crisis con efectividad es
imprescindible abordar reformas estructurales largamente demoradas".
Indica
que tan importante como mitigar los efectos de la reversión del ciclo
es evitar que los costos sean soportados por los segmentos socialmente
más vulnerables.
En la base de la pirámide laboral hay una
gran cantidad de personas con bajos niveles de calificación que sólo
encuentran oportunidades laborales en pequeñas empresas "donde los
incumplimientos de las normas son masivos", se indicó.
Se
trata de una combinación de debilidades tanto por el lado de la oferta
(bajo nivel de calificación de los trabajadores) como de la demanda
(baja productividad de las empresas).
"Era muy importante
atacar estas deficiencias cuando la economía crecía, porque ahora bajo
las actuales condiciones de reversión del ciclo económico se hace más
complejo y urgente", dice Idesa.
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