La decisión fue tomada por la sala II del máximo tribunal penal, la misma que ayer adoptó el polémico fallo que también beneficiaba a otros represores que cometieron gravísimos delitos durante la dictadura.
La medida, suspendida por un pedido del fiscal, generó un fuerte repudio generalizado y la Presidenta la calificó de "vergüenza nacional".
La liberación de los represores excarcelados por la Cámara de Casación,
entre ellos Jorge "Tigre" Acosta y Alfredo Astiz, quedó suspendida ayer
ante la presentación de apelaciones contra esa medida por parte de la
fiscalía, que buscará llegar a la Corte Suprema de Justicia.
La
decisión fue adoptada por la misma sala II que el pasado miércoles concedió el cese de
las prisiones preventivas a los represores de la ESMA y ahora ordenó
suspender esa medida, ante un planteo del fiscal Raúl Pleé, informaron
a Télam fuentes judiciales.
El fiscal presentó ayer recursos
extraordinarios de apelación con miras a llegar a la Corte Suprema de
Justicia para evitar las excarcelaciones.
La decisión de
Casación "pone en serio riesgo a la Nación Argentina de ser sancionada
internacionalmente por arriesgar innecesariamente la concreción del
debido proceso en causas en las que se ventilan graves violaciones a
los derechos humanos".
"Existen sobradas muestras de la especial
capacidad demostrada por los imputados de la comisión de crímenes
durante la dictadura para ocultar y destruir pruebas e intimidar. Lo
mismo se observa sobre los medios a su alcance para lograr la impunidad
con su fuga", agregó.
Ahora, será la misma sala II del máximo
tribunal del país la que determine, luego de dar intervención a todas
las defensas, si habilita la apelación y abre el camino a que el tema
sea tratado en la Corte Suprema.
Si los camaristas rechazaran
los recursos, todos los represores quedarían en condiciones de salir en
libertad y el fiscal tendría como última vía recurrir "en queja" al
máximo tribunal, sin efecto suspensivo.
"Se trata de crímenes
cometidos desde el Estado, por una asociación criminal compuesta por un
vasto, complejo y poderoso entramado de sistemas delictivos integrados
por numerosas personas que, aún hasta hoy, han conseguido permanecer
impunes por estos delitos", agregó Pleé en el texto al que accedió
Télam.
Y consideró que "la construcción de aquella impunidad
tiene efectos procesales en las causas en trámite y continúa en
desarrollo: todavía debe determinarse en cada investigación si las
víctimas de desaparición forzada son efectivamente "desaparecidas" o
asesinadas".
"Al perpetrarse los crímenes de lesa humanidad
imputados se buscó sistemáticamente el ocultamiento de rastros del
delito con la finalidad de lograr la impunidad futura", sostuvo.
Además,
consideró que los argumentos usados para ordenar el cese de la prisión
preventiva de los beneficiados por la sala II son "arbitrarios" y
contienen "fundamentos sólo aparentes".
"Esta fiscalía considera
que esa Sala ha realizado una incorrecta interpretación de las normas
que regulan el instituto de la prisión preventiva y por ende la
excarcelación", agregó Pleé.
Los camaristas firmantes del voto
mayoritario, Guillermo Yacobucci y Luis García, hicieron "una
aplicación inadecuada de la ley, motivo que la desvirtúa y torna
inoperante".
Por ello, si Casación abre los recursos y el tema
llega a la Corte, solicitará que este tribunal deje "sin efecto" la
decisión porque "desvirtúa la finalidad de la ley que no fue aplicada
tal como la concebía el legislador, realizando una interpretación que
frustra el objetivo de las normas que regulan la prisión preventiva".
"En
el caso, sin dudas fue seriamente conculcado el interés de la comunidad
toda en que se haga efectiva la ley penal respecto de los delitos que
aquí nos ocupan catalogados como delitos de lesa humanidad", fundamentó.
Pleé
sostuvo que los plazos de la prisión preventiva -dos años con
posibilidad de un tercero- no son automáticos y aludió al riesgo de
fuga de los detenidos, a la posibilidad de entorpecer la investigación
aún en curso y recordó que todavía hay prófugos en la megacausa ESMA.
Para
el fiscal, con las liberaciones se pone en riesgo la posibilidad de
debatir en un juicio oral "las responsabilidades criminales en orden a
los graves delitos que en esta causa se ventilan (que, vale reiterarlo,
han sido definidos como de lesa humanidad)", concluyó.
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