16/12/2008 - En General

Mientras no se compense la mediterraneidad paraguaya no habrá arancel único

“Tal como era de esperar el MERCOSUR no pudo acordar un Código Aduanero común antes del 30 de junio de 2008, como estaba resuelto”. Así comenzó una columna en estas mismas páginas seis meses atrás cuando en la ciudad de San Miguel de Tucumán, sede de la independencia argentina la presidenta Cristina Elisabet Fernández cedió el liderazgo temporal al brasilero Luiz Inácio Lula da Silva.

Transcurrido medio año las cosas se mantienen sin cambios.

Los medios periodísticos continuaron adelantando que ahora sí, en la lujuriosa Costa de Sauípe, en las tierras bahianas de Jorge Amado y de la primera colonización portuguesa, se iba a acordar el Código Aduanero por el cual una mercadería que llegara de extrazona debiera pagar una sola vez aranceles, en la aduana de entrada, y a partir de allí circularía libremente entre los cuatro miembros plenos actuales o los que se agreguen en el futuro.

Pero era obvio que no podía ser. Se trata de una medida que necesita un entramado previo de decisiones que la hagan posible. Por ello pasará otra Cumbre más y ya se acordó postergar por tres meses el tratamiento del tema, lo que se hará en marzo venidero, en principio, en Asunción del Paraguay. Es que sería el socio más pobre del MERCOSUR el más perjudicado si se aprobara tal como impulsan los gobiernos del Brasil y el Uruguay, los países más beneficiados con la misma.

Ya el gobierno del anterior presidente paraguayo Oscar Nicanor Duarte Frutos había puesto trabas a la iniciativa. Algunos estimaron que no quería hacerlo habida cuenta de que ya estaba electo su sucesor, Fernando Armindo Lugo, quién, precisamente, desde esta Cumbre bahiana se convirtió en el nuevo titular pro tempore del pacto regional. Pero no era así. Firmar así como así puede representar para el fisco paraguayo una detracción del orden de la cuarta parte, con el agravante, en esta circunstancia, de que el país se verá seriamente perjudicado por una merma de las remesas de su diáspora (tercer ingreso tras las exportaciones de soja y de carne bovina) como consecuencia de la crisis desatada desde los Estados Unidos de América.

Es que en definitiva todo esto está ligado a algo mucho más de fondo, vinculado a la esencia misma de la estructura fiscal del Paraguay y hasta el propio esquema económico de ese país. Máxime que cuando Lugo, poniendo fin a las más de seis décadas de gobiernos colorados en ese país, se encontró con la necesidad de revertir el esquema de una economía basada en la corrupción y una altísima concentración de la riqueza, lo cual no es una cuestión de mero voluntarismo. Sobre todo en el marco de consenso que exigen las instituciones democráticas y la necesidad de convivir con un parlamento en el que no cuenta con mayoría propia, ni aún con los aliados que lo acompañaron en el proceso electoral que culminó con su victoria.

En la actualidad, observando los números de la economía formal del Paraguay, es evidente como ya se ha dicho que la soja, las remesas y la ganadería constituyen los principales racionamientos económicos con el mundo. No es casual que el Paraguay haya estado entre los muy duros contra la  normativa migratoria europea que reduce, junto con la crisis actual, abruptamente la llegada de las divisas que remiten los migrantes a sus parientes. Pero lo que no registran esos números de la formalidad, son los ingresos por la vía del contrabando que alimentan a miles de familias que operan en las zonas  fronterizas, sobre todo con la Argentina y con el Brasil, con el beneplácito oficial y hasta con una suerte de obligada tolerancia por parte de los gobiernos de los países vecinos.

Ese “contrabando hormiga”, multiplicado por miles, se convierte en un gran comercio cuyas redes se extienden por mil kilómetros o más, aunque se centre en las provincias argentinas del noreste y en los estados brasileros del sureste. Y no es ajeno, junto con las remesas de los emigrados, al ingreso de moneda extranjera, como que el guaraní, había sido, junto con el real brasilero, la moneda regional que más se había apreciado frente al dólar estadounidense y para lo cual hay que tener en cuenta las diferencias abismales de las economías paraguaya y brasilera en volumen y calidad. Un fenómeno para el cual han sido inútiles los intentos del Banco Central del Paraguay (BCP) para sostener la moneda estadounidense.

Los números hablan por sí solos. Si el Paraguay tiene un déficit anual en su intercambio comercial de más de 2.000 millones de dólares estadounidenses: ¿cómo es, entonces, ese asunto de la apreciación -ahora en reversión- que tuvo la moneda local? En el Paraguay no hay ingresos invisibles para dar vuelta esos números, como lo hacía el viejo imperio comercial del Reino Unido cuando tenía superávits en su balanza de pagos, pese a los déficits comerciales, en función de lo que recaudaba por seguros, fletes, préstamos, royalties y otros. Las remesas y el contrabando dan las explicaciones adecuadas.

Por lo tanto la ruptura del contrabando debe insertarse en una política económica global que permite absorber a los miles de “pasadores” que tienen como actividad normal esa ilegalidad. Es un tema a resolver, pero hay más: la estructura fiscal del Paraguay basada en una elevada proporción en la recaudación aduanera. La aduana recauda para el tesoro nacional más de 20.000 millones de guaraníes, unos u$s 4,2 millones, diarios al cambio actual. Por lo tanto se trata de una cuestión que tiene dos aspectos esenciales. Por un lado la recaudación en sí misma y por otro lado el ritmo constante con el cual se produce la misma, lo que permite al Estado tener donde meter la mano en forma permanente; está disponible todos los días.

En esa estructura tributaria, que se parece a la Argentina anterior a 1932 cuando se creó el Impuesto a los Réditos, un año después que Australia y a 2.400 años de que lo inventara en Roma el rey Servio Tulio, no puede prescindir de esos fondos. Y siendo el Paraguay un país mediterráneo, es obvio que si hay un arancel a cobrarse en la región, a percibir por el país de ingreso, todo el sistema de recaudación estatal se desmoronará. En consecuencia el estado en su conjunto. De tal suerte que para el gobierno paraguayo es imprescindible que se le asegure la recompensa de esa pérdida y que ello se haga también en forma cotidiana, tal como ocurre ahora con su aduana.

Todo ello con el agregado de que va a requerir algo más, porque al no importar legalmente no podrá reexportar ilegalmente con lo cual, como ya se señalara, se perderán ingresos y muchos miles se quedarán sin trabajo, cosa que, seguramente, no dejará de tomar en cuenta el mismo Lugo a la hora de firmar el deseable acuerdo sobre el Código Aduanero y de encontrar para su país un futuro mejor que la perpetuación en la ilegalidad y la marginalidad.

Los reclamos del Brasil, incluídos los cuestionamientos del canciller Celso Amorim, y los del Uruguay, para encontrar el visto bueno paraguayo, tendrán, previamente, que resolver esas cuestiones. Una postura que defendió con mucha firmeza el vicecanciller paraguayo de Asuntos Económicos e Integración, el economista Oscar Rodríguez Campuzano.