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Patricio Rovira, coordinador del área  justicia y democracia
Camara fotoAMPLIARPatricio Rovira, coordinador del área justicia y democracia
16/12/2008 - Derechos Humanos

ANDHES hizo un balance desalentador de 2008 y vaticionó un intenso 2009

Patricio Rovira, coordinador del área de justicia y democracia de ANDHES, hizo un balance de lo ocurrido en Tucumán, respecto del conflicto de los jueces durante este año. Aceptó que este año estuvo convulsionado, pero anunció un 2009 más complicado y desprolijo. Se quejó de que Alperovich no cumpla con su palabra de respetar la justicia. Aclaró que el Poder Judicial no desestimó el pedido del colegio de abogados sobre nulidad de la ley de subrogancias.

“Tan solo dijo que la nulidad de la polémica ley 8.136 debía realizarse mediante un trámite independiente”, expuso Rovira. 

En diálogo con tucumanhoy.com, el dirigente de ANDHES admitió que este fue un año bastante convulsionado. “Estuvo marcado por los vaivenes de la causa iniciada por el colegio de abogados, relativa a la reforma constitucional de 2006”, reconoció.

“ANDHES se presentó en la causa como ‘amicus curiae’. Fuimos asesores técnicos y nuestras sugerencias atendidas en la sentencia de la cámara contencioso administrativa”, expuso.

“A partir de nuestra presentación, fundamentada en el estándar de la causa ‘Riachuelo’ de la CSJN, la cámara abrió la posibilidad para la participación de otras agrupaciones. Se presentaron la FACA, el grupo Alberdi (Clímaco de la Peña) y PRADE (Santiago del Estero)”, informó el abogado.

A principios de año, la cámara contencioso administrativa, emitió un fallo accediendo a la mayoría de los pedidos del colegio de abogados. “Este fue un fallo muy prolijo y bien trabajado. Estamos de acuerdo con la mayoría de sus puntos”, expresó Rovira.

El punto de este fallo más objetado por los constitucionalistas es que realizó una interpretación del “jurado de enjuiciamiento” más amplia que la solicitada por las partes. “Se había solicitado -tan sólo- su declaración de inconstitucionalidad porque violaba el principio de la doble instancia y porque no respetaba una integración equilibrada. La corte debía optar por la constitucionalidad o no. No hizo ni una cosa ni la otra. Dijo que, en la medida en que, dentro de los cinco representantes de la legislatura, se respeten las minorías, se estaría salvando al jury de la inconstitucionalidad”.

Según el Art. 126 de la Constitución Provincial, “el Jurado de Enjuiciamiento estará integrado por cinco representantes de la Legislatura, un representante del Poder Ejecutivo, un miembro de la Corte Suprema y un representante de los abogados en ejercicio de la profesión…”

Lo que, desde ANDHES, criticamos del jurado de enjuiciamiento es que la legislatura es una suerte de juez y parte, ya que una comisión de 12 legisladores está encargada de acusar a los jueces que sean denunciados y otro grupo de 5 legisladores debe juzgarlos. Por lo tanto, se estaría violando el principio del debido proceso.

“Art. 129 de la Constitución Provincial: Cualquier habitante de la Provincia, la Corte Suprema y el Ministro Fiscal tienen acción para denunciar el delito o falta, a efecto de que se promueva la acusación. La denuncia deberá presentarse ante la Comisión Permanente de Juicio Político de la Legislatura, a la que corresponderá decidir la acusación, con el voto de las dos terceras partes de los miembros de la misma…”

En septiembre pasado, la corte ratificó en muchos puntos la sentencia de la cámara y no se expidió sobre el jurado de enjuiciamiento. Posteriormente, la causa fue recurrida, nuevamente, por el poder ejecutivo para ser resuelta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un futuro.

El balance del año de Rovira es pesimista. “Llegado fin de año, lo concreto es que en la provincia no contamos con un mecanismo democrático y transparente de selección de jueces, tenemos una crisis importante en el poder judicial, sufrimos la imposibilidad de designar nuevos jueces y soportamos una ley de subrogancias que atenta hasta contra los mismos principios sentados por la constitución de 2006, que establece el concurso y oposición de antecedentes de los candidatos a jueces. De concretarse designaciones basadas en esta ley, el panorama es muy incierto, por no decir desalentador.

Por último, el poder legislativo vino a declarar en estado de emergencia al poder judicial, vulnerando el principio de división de poderes. Es el propio poder el que debe decretar su emergencia”, concluyó.

Para el próximo año Rovira adelantó que espera que sea muy intenso, debido a que el gobernador Alperovich dijo que aceptaría todas las decisiones de la justicia y hasta ahora no lo hizo. “En ese sentido, es necesario aclarar que la justicia no negó la petición del colegio de abogados sobre nulidad de la ley 8.136 de subrogancias. Lo único que dijo es que correspondía un planteo por separado de la causa por inconstitucionalidad de la reforma constitucional de 2006, aunque los objetivos de ambos planteos sean convergentes”, finalizó Patricio Rovira.

Juan Villarrubia

juan.villarrubia@gmail.com  


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