La Paz, 08 dic (ABI).- La Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA, por su sigla en inglés) operaba en Bolivia sin ningún tipo de control y a su libre albedrío porque no había convenio internacional alguno entre los gobiernos estadounidense y boliviano, confirmó ayer lunes el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres.
"No hay un convenio entre los gobiernos, boliviano y estadounidense, sobre las funciones y atribuciones que cumplía la DEA en Bolivia. Es por eso que la DEA hacía de las suyas extralimitándose incluso, yo diría, en sus funciones de lucha contra el narcotráfico", denunció Cáceres.
La DEA --continuó-- estuvo operando
hace más de 30 años en Bolivia, pero durante este tiempo ningún
gobierno anterior se atrevió a exigir la suscripción de algún convenio
a la Embajada de EEUU.
El sábado pasado en Chimoré el presidente Evo Morales y otras
autoridades constataron que la DEA desmanteló sus oficinas y equipos
modernos de control de llamadas y "escucha" telefónicas y radio
instalados en el Cuartel de esa población en el trópico de Cochabamba,
distante a 170 kilómetros de la capital del valle.
El desmantelamiento se había registrado hace aproximadamente dos
meses y los funcionarios y policías de la Unidad Móvil para el
Patrullaje Rural (Umopar), la Policía Ecológica y la Fuerza de Tarea
Conjunta (FTC) nunca dieron parte de ese extremo.
En el lugar donde se encontraban los modernos equipos de control de
llamadas sólo quedaron algunos enchufes, cables, sillas y una mesa.
Todo lo demás fue retirado, según algunos oficiales, hace
aproximadamente dos meses.
Las modernas antenas que se encontraban en el patio donde están
ubicadas las oficinas de la DEA, lugar al que no tenían acceso los
oficiales bolivianos, tanto policías como militares, también fueron
retiradas. Sólo queda una de ellas.
Incluso fue desmantelado un gimnasio al que acudían los agentes de
la DEA, hasta le sacaron el piso que está acumulado en las esquinas del
ambiente. Las demás oficinas están totalmente vacías.
El Gobierno tiene informes extraoficiales que en 1987, antes que
se apruebe la Ley 1008 (la ley antidroga boliviana), en el gobierno de
Víctor Paz Estensoro se decidió entregar a la DEA la lucha contra el
narcotráfico con todas las facultades y potestades sin ningún convenio
bilateral.
FARSA - DONACIONES
Según el Viceministro de Defensa Social, a las irregularidades de
las operaciones su sumaron las supuestas donaciones de vehículos y
otros equipos al país, cuando todas estas están todavía a nombre de la
Embajada de Estados Unidos.
"Tampoco existe ningún convenio sobre los equipamientos que
trajeron ellos, en otras palabras si todas las cooperaciones que hubo,
como días antes yo demostré, nos dicen que es cooperación, donación de
vehículos, pero en el fondo no es ninguna donación porque estos
vehículos están a nombre de la Embajada de los Estados Unidos", lamentó
la autoridad.
Explicó que los estadounidenses venían a Bolivia, operaban con sus propios equipos y por eso se llevaron todo.
Cáceres dijo que este tipo de libertades que se les otorgó sin
control alguno fue otras de las razones para que el Gobierno boliviano
determine la suspensión de sus actividades de la DEA en el país.
ESPIONAJE
Además Cáceres denunció que la DEA también actuaba sospechosamente en casos de espionaje desde telecomunicaciones.
"Ellos tenían la información oficial, como controlaban las telecomunicaciones a nivel nacional, seguramente se han informado que
el presidente Evo Morales iba a tomar la decisión de suspender a la
DEA, antes que tome la decisión la DEA retiró estos equipos en dos
vehículos precintados que salieron rumbo a Santa Cruz", aseveró.
"Todas las instalaciones han sido desmanteladas", dijo y explicó
que se trataban de equipos que interceptaban los llamados telefónicos,
no sólo a nivel nacional, sino también internacional.
Cáceres afirmó que desde esas oficinas se hacía el control de las
llamadas que incluso realizaba el Presidente de la República y otras
autoridades. "Más allá de la lucha contra las drogas, la DEA realizaba
un control político", afirmó.
La autoridad señaló que en "el fondo se trataba de un espionaje,
toda vez que escuchar teléfonos o celulares es una acción al margen de
las normas legales vigentes en el país".
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