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Para la UNASUR, la masacre de Pando fue un delito de lesa humanidad

El informe final de la comisión especial presidida por el jurista argentino Rodolfo Mattarollo fue contundente. Y apuntó directamente al aparato estatal de ese departamento boliviano como instigador de los asesinatos de por lo menos 20 campesinos ocurridos el pasado 11 de septiembre.

Ya lo tiene en su poder el presidente Evo Morales.

El informe final de la Comisión Especial de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) sobre la "masacre" del 11 de septiembre en Pando, entregado ayer al presidente de Bolivia, Evo Morales, afirma que se trató de un crimen de "lesa humanidad" promovido por el aparato estatal de ese departamento (provincia).

El informe, cuyas principales conclusiones fueron leídas en el Palacio Quemado, sede del gobierno, por el titular de la comisión, el jurista argentino Rodolfo Mattarollo, sostiene que las víctimas fueron objeto de "ejecuciones sumarias o extra legales" y constituían "población civil" por lo que "se cometieron múltiples asesinatos" lo que "configura un crimen de lesa humanidad".

"Aun cuando hubo personas que actuaron particularmente, los agresores de los campesinos lo hicieron en forma organizada y respondían, según algunos testimonios, a una cadena de mando y contaban con funcionarios y bienes del gobierno departamental al servicio de la empresa criminal", dice otra conclusión del informe, que precisa el asesinato de por lo menos 20 campesinos.

La definición de delito de "lesa humanidad", según las normas jurídicas internacionales vigentes, alude a crímenes cometidos con participación de organismos o funcionarios del Estado y le otorga el carácter de "imprescriptibles".

El informe fue leído por el titular de la Comisión Especial de la Unasur tras mostrar un video que resume las acciones violentas contra campesinos que marchaban para defender las oficinas del Instituto de la Reforma Agraria (INRA) de Cobija, capital de Pando, ocupadas por dirigentes cívicos y autoridades provinciales opositoras al gobierno del presidente Morales.

En las conclusiones, citadas por la estatal Agencia Boliviana de Información (ABI) y la red Erbol, vinculada a sectores de la Iglesia Católica, se señala también que estos crímenes deben ser juzgados en "la justicia ordinaria" y no en un "proceso de responsabilidades".

Por el contrario, la defensa del detenido prefecto (gobernador) pandino, Leopoldo Fernández, acusado de esta "masacre", tal como la define la comisión de la Unasur, sostiene que corresponde un juicio de responsabilidad.

Esta cuestión, eje del actual debate legal y político, supone, en el mejor de los casos, según recordó a Télam una fuente de la Asamblea por los Derechos Humanos de Bolivia, "un prolongado diferimiento del juicio, tal como ocurre aún hoy, cinco años después de su renuncia, con el fugado ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, refugiado en Miami".

La sexta conclusión del informe es que "hay testimonios y evidencias suficientes para calificar de tortura en unos casos, y como tratos crueles, inhumanos y degradantes en otros, el trato recibido por numerosos campesinos detenidos por elementos estatales y paraestatales".

Por su parte, el presidente boliviano, que agradeció el informe y la "profesionalidad" del trabajo realizado por la comisión, denunció la "parcialidad política y económica" de la Justicia de su país y ratificó su compromiso de cambiarla, informó la agencia cubana Prensa Latina.

"Aquí el Poder Judicial es conocido por sus injusticias y su subordinación a quienes tienen plata", se quejó el presidente, y advirtió que las recomendaciones del informe de 66 páginas de la Unasur, "deben servirnos para que hagamos una revolución dentro del Poder Judicial".

Morales también pidió que la comisión investigadora de los asesinatos de Pando enviada por la Unasur "acompañe en el proceso de reforma del sistema judicial".

Mientras el presidente hacía esos anuncios en La Paz, se realizaba una reunión de autoridades del Poder Judicial en el departamento de Beni, gobernado, igual que Pando, Santa Cruz y Tarija (la llamada "media luna") por opositores al mandatario indígena de Bolivia.

En esa reunión, el titular de la Corte Suprema, Walter Fernández, criticó, citado por la agencia noticiosa italiana ANSA, "la actitud soberbia e irracional del gobierno por alentar la violencia antes que el diálogo para solucionar los graves problemas que aquejan al país".