Así lo aseguró el Fabio Robles, abogado defensor de Raúl Francisco García. Quien acusó a policías por la tortura recibida en su detención en el 2001.
La víctima, Raúl Francisco García, soporta una incapacidad parcial permanente del 25% por las agresiones que sufrió en una comisaría en 2001.
Raúl fue víctima, en el 2001, de una detención ilegal y agresiones físicas por tres policías de la comisaría local en Ranchillos. En diálogo con TucumanHoy.com, García y el abogado querellante, Fabio Robles, explicaron la evolución de la causa.
García había salido de un baile de Carnaval. En la salida del local bailable hubo disturbios entre algunos de los concurrentes. Intervino la policía realizando disparos al aire. En medio de la confusión, García intentó escapar, pero fue detenido por tres agentes policiales: Néstor Humberto Alderetes, Rufino Ávila y Omar Reguera.
Al detenerlo, lo derribaron y golpearon fuertemente. Luego, lo trasladaron hasta la comisaría, donde fue torturado, desde la hora en que fue detenido hasta las 12.30 de la medianoche. Como resultado, se hizo acreedor de una doble fractura de maxilar y pérdida de varias piezas dentarias. Hoy, sufre una incapacidad permanente del 25%.
Más allá de la lesiones, existieron otras irregularidades. No se indicó en el libro de novedades ninguno de los hechos acontecidos esa noche, en ningún momento, le brindaron atención médica y no se encontraba el Comisario. Además, los imputados continuaron ejerciendo sus funciones normalmente. De esta manera uno de los acusados tomó declaraciones a uno de los testigos.
“Todos hechos comprobados en la justicia y que demuestra que el Estado está involucrado en la violación constante de la ley y la Constitución”, declaró el abogado querellante.
Intervino en la causa el fiscal Abraham Musi, quien solicitó el sobreseimiento de los tres imputados. Pero se opuso el fiscal de cámara, Juan Santos Suárez, y el juez Alfonso Zóttoli decidió elevar la causa a juicio. Se fijó fecha de debate oral y público Noviembre de este año.
Antes de comenzar el debate, la defensa de los detenidos ofreció implementar una “Probation”. Esta medida consistía en que los imputados realizaran trabajos comunitarios y abonaran cincuenta pesos, cada uno, a García durante diez meses.
En este punto, se introduce una innovación en lo político jurídico. La querella se opuso a la “probation” porque consideró que hubo “delito de tortura”.
La fiscal Juana Prieto de Sólimo, también se opuso y solicitó la condena por 10 años. La querella adhirió al pedido. La Sala I en lo Penal, integrada por los jueces Pedro Roldán Vázquez, Carlos Norri y Alberto Piedrabuena, estuvo de acuerdo y condenó a los tres imputados a nueve años de prisión. Los fundamentos del fallo se darán a conocer el próximo 15 de Diciembre.
Juan Villarrubia
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