En los primeros diez meses del año murieron 110 mujeres a manos de un miembro de su familia o de su pareja. En un informe que presentó ayer, la institución destaca la "inacción del gobierno para proteger a las mujeres frente a abusos fundamentales de sus derechos". Infocívica
En los primeros 10 meses de este año, en la Argentina, murieron al menos 110 mujeres a manos de un miembro de su propia familia, de una pareja o ex pareja.
Según el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la línea telefónica de ayuda para la violencia familiar recibió, sólo en Capital Federal, 5.665 llamadas en los primeros seis meses de este año. Esos son algunos de los datos del informe "Muy tarde, muy poco. Mujeres desprotegidas ante la violencia de género en Argentina. Prioridades de acción para el Estado Argentino, realizado por Amnistía Internacional y difundido ayer a los medios.
El trabajo consta de cuatro partes y una conclusión; los apartados son: las obligaciones del Estado Argentino, el incumplimiento, el coste de la violencia contra las mujeres y recomendaciones para una acción prioritaria del Estado. En buena parte del texto, el informe hace referencia a las “escalofriantes cifras que indican la inacción del gobierno para proteger a las mujeres frente a abusos fundamentales de sus derechos humanos; esa inacción respecto a la violencia contra las mujeres viola el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia tanto en la esfera pública como en la privada”.
La investigación de Amnistía Internacional se realizó entre 2007 y 2008 e incluyó entrevistas a víctimas de violencia, a organizaciones y oficinas gubernamentales, así como una revisión de experiencias positivas en otros países. Uno de los problemas que encontraron los profesionales a la hora de investigar fue la falta de registros, según señalaron en el informe. “Si no se conoce y registra cuándo, cómo y por qué se produce la violencia contra las mujeres, es imposible formular una respuesta efectiva basada en una evaluación del grado de difusión, las formas y la gravedad de dicha violencia; de igual modo, sin unos datos de base o una vigilancia constante de la eficacia de las medidas adoptadas para abordar la violencia contra las mujeres, no es posible comprender el impacto, si es que lo hay, de esas medidas”, dice un fragmento del trabajo.
Otro de los puntos destacados del estudio es que la probabilidad de que una mujer reciba ayuda y una reparación adecuadas depende del lugar donde viva o de su identidad. “La responsabilidad del gobierno nacional de proteger frente a la violencia a todas las mujeres que viven en Argentina, y de prestarles la ayuda que necesitan cuando sufren violencia, está por encima de la autonomía provincial que existe dentro del sistema federal. En Argentina, tanto la protección como la ayuda son una mera lotería”, alerta Amnistía.
En diálogo con Infocívica, Rafael Barca, director ejecutivo de Amnistía Internacional Argentina, destacó cuatro puntos clave en el informe y se mostró alarmado por la “falta de acción en las políticas públicas”. “Hay una escasa lucha contras las desigualdades; una falta de información por parte del Estado y de sus obligaciones legales; una omisión en la protección a las mujeres, que no son tratadas de manera igual, y pocos avances en la materia”, manifestó. “Lo que también notamos –agregó- es que la violencia de género no está en la primera línea en la agenda política ni lo estuvo en la campaña de las últimas elecciones presidenciales. Hemos escrito varias cartas a la Presidente y nunca tuvimos respuestas. Las mejoras que se registraron fueron parciales y tímidas”.
De acuerdo al informe de Amnistía, el financiamiento del gobierno nacional al trabajo de violencia contra la mujer e igualdad de género fue en aumento. Sin embargo, Barca sostiene que los fondos aún son insuficientes. “El presupuesto del Consejo Nacional de la Mujer alcanzó los cinco millones de pesos, pero sigue siendo menos de una quinta parte del presupuesto de la Dirección Nacional de Artes y menos de una sexta parte del presupuesto dedicado al desarrollo y la promoción del turismo nacional”.
Luego de un apartado sobre los costos de la violencia –la salud física y mental, la muerte, las lesiones físicas y los problemas de salud reproductiva, entre otros-, Amnistía Internacional concluye su informe con un pedido al gobierno argentino para que elabore “un plan nacional de acción para hacer frente a la violencia contra las mujeres basado en las normas internacionales de derechos humanos de las mujeres”. Los programas piden: utilizar el sistema educativo para cuestionar los prejuicios, crear una base de datos nacional unificada sobre la violencia contra las mujeres, convocar una mesa redonda nacional sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres y proporcionar un liderazgo público para poner fin a la violencia.
Hoy es, en toda América Latina, el Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer.
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