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La Comisión de la Unasur identificó a funcionarios responsables de la masacre de Pando

Los funcionarios, encabezados por el argentino Rodolfo Mattarollo, pudieron establecer que algunas "autoridades locales son judicialmente responsables", de la muerte de unos 20 campesinos y la desaparición de al menos otros 70, en ese departamento boliviano.

El informe será presentado el 25 de noviembre.

Funcionarios del gobierno del departamento boliviano de Pando fueron halladas "judicialmente responsables" por la masacre de campesinos del 11 de septiembre, según concluyó la comisión investigadora de la Unión Suramericana de Naciones(Unasur).

El informe, que será presentado el 25 de noviembre a la mandataria chilena, Michelle Bachelet, quien encargó la investigación en su carácter de presidenta pro témpore, establece "hechos, responsables y recomendaciones", adelantó hoy a Télam el coordinador de la comisión, Rodolfo Mattarollo, consultor de la Secretaría de Derechos Humanos de Argentina.

Mattarollo ratificó que la muerte de unos 20 campesinos y la desaparición de al menos otros 70 se trató de una "masacre", sobre la que la comisión pudo establecer que algunas "autoridades locales son judicialmente responsables y logró identificarlas".

En cuanto a las recomendaciones del informe, el comisionado de la Unasur explicó que se refieren a la lucha contra la impunidad, y consideró que pese a la difícil situación en Bolivia, "son aplicables en la medida de que exista voluntad política para reformar el sistema judicial, que tiene enormes debilidades".

Los hechos ocurrieron en las afueras de la localidad de Porvenir cuando indígenas que manifestaban en defensa del gobierno de Evo Morales y fueron emboscados y asesinados a sangre fría por paramilitares y sicarios aparentemente organizados por el prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, actualmente detenido en La Paz por el caso.

Informes oficiales establecen que sólo en Porvenir hubo 15 muertos, se calcula que una cifra similar se registra en pueblos vecinos -siempre dentro de Pando- y se estima que al menos otros 70 campesinos están aún desaparecidos y sus cuerpos fueron arrojados a fosas comunes o al lecho del río Tahuamanu, en las afueras de Porvenir. Fernández está imputado por la Justicia boliviana de los delitos de asesinato, terrorismo y asociación delictuosa.

La Fiscalía General abrió proceso por genocidio "en su condición de masacre sangrienta" a Fernández, al ex alcalde Miguel Becerra, jefe del Movimiento Amazónico de Renovación, aliado del gobierno, y al senador oficialista Abraham Cuellar.

Días después de la masacre, Bachelet convocó a una cumbre extraordinaria de la Unasur, que designó por pedido de Morales una comisión investigadora, integrada por funcionarios y peritos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

Mattarollo participó este jueves de una ceremonia de bienvenida en el Palacio San Martín, ofrecida por la cancillería a toda la comisión investigadora, que se encuentra elaborando el informe en Buenos Aires.

El acto fue presidido por el jefe de Gabinete de la Cancillería, Alberto Daloto, en representación del ministro Jorge Tainana, y por el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde.

"Es auspicioso que la Unasur surja a la escena internacional manifestando un compromiso tan claro por los derechos humanos y en defensa de las instituciones y el gobierno democrático de Bolivia", resaltó Daloto al preceder en la palabra a Mattarollo.

El coordinador de la comisión, por su parte, destacó "la inteligencia y la armonía permanente" del grupo. Reseñó que los comisionados y técnicos visitaron muchos lugares, entrevistaron a miembros de los tres poderes en Bolivia y a todos los actores relacionados con el conflicto.

"La comisión cumplió con los objetivos pedidos por el presidente Morales", resaltó, entre ellos "la celeridad en la respuesta, inusual en trabajos de organismos internacionales que responden mucho después" de los hechos.

Además, ponderó la "sensibilidad política" de los miembros de la comisión que "tuvieron una comprensión de la situación", y la "decisión de luchar contra la impunidad".

Por último, consideró el trabajo de la comisión como "una experiencia nueva y fructífera", ya que además de "establecer hechos, sacó conclusiones y recomendaciones".