La Paz, 18 nov (ABI).- La muerte violenta de dos presuntos ladrones y la golpiza de otras nueve personas en la población de Achacachi, a 96 kilómetros de la ciudad sede de gobierno, conmovió este lunes a la ciudadanía, arrancó el rechazo unánime de autoridades que lamentaron que estos hechos ajusticiamiento por mano propia se den producto de la pérdida de confianza en el sistema de justicia que impera Bolivia.
El Defensor del Pueblo, Waldo Albarracín; el ministro de Gobierno, Alfredo Rada; la ministra de Justicia, Celima Torrico; el presidente de Diputados, Edmundo Novillo, los senadores Luis Vásquez y Carlos Böhrt (Podemos), y Félix Rojas (MAS), a su turno, reprobaron la actitud de hacer justicia por mano propia.
Aunque el Defensor del Pueblo consideró
que estos hechos se dan en el país como producto de la pérdida de
confianza en la justicia y la ausencia de seguridad.
En cambio el Presidente de Diputados planteó modificaciones al
Código de Procedimiento Penal para brindar mejor seguridad ciudadana y
evitar que los delincuentes se beneficien fácilmente con la libertad.
Por su parte el senador opositor Vásquez aprovechó para atacar al
oficialismo con dardos lanzados a la justicia comunitaria que está
contemplado en el proyecto de la nueva Constitución Política del Estado.
Este hecho fue refutado por el senador masista Rojas, quien le
aclaró que la justicia comunitaria no es hacer el ajusticiamiento por
mano propia, Vásquez insistió que los casos de linchamiento son
"alentados" supuestamente por el Gobierno, pese a que sus promotores
explicaron que esa administración de ninguna manera contempla el
ajusticiamiento de personas.
De esta manera se refirieron las autoridades bolivianas a la
detención y posterior tortura a personas que fueron sorprendidas
aparentemente en un hecho flagrante de robo de un domicilio, según la
versión de los testigos.
MUEREN DOS PERSONAS
A raíz de las heridas ocasionadas por las golpizas y quemaduras por
decenas de pobladores de Achacachi, dos presuntos delincuentes murieron
este lunes y nueve fueron internados con graves heridas en el Hospital
Holandés para recibir atención médica en medio de un fuerte resguardo
policial.
Fueron 14 horas, desde la noche del domingo hasta las 10.00 de este
lunes, que estos sospechosos de robo sufrieron una serie de vejámenes
por parte de la gente iracunda que quiso hacer justicia por mano
propia. Incluso les rociaron con combustible sus cuerpos e intentaron
quemarlos vivos.
La intervención de la Policía y autoridades evitó que este extremo suceda.
Según los testimonios de los pobladores de Achacachi, los presuntos
delincuentes fueron detenidos a las 20.00 de la noche del domingo,
luego de ser sorprendidos cuando supuestamente pretendían ingresar a un
domicilio particular, mientras otro grupo de los sospechosos esperaba
en un micro de color verde.
Luego los detenidos fueron trasladados al estadio de la población
donde se pretendió hacer justicia por mano propia. Muchos pobladores
exigieron que sean quemados vivos.
El Comandante Departamental de Policía de La Paz, Cnl. Raúl
Mantilla, dio los nombres de nueve personas vivas, quienes mostraron
signos de la tortura a la que fueron sometidas.
Antonia Paucara Mamani, Eugenia Escobar Paucara, Beatriz Cuaquira,
Janet Blanco Rojas, Lidia Luna Flores, Luis Gonzales Cutipa, Eleodoro
Elique, Reynaldo Alanoca Ramos y Angel Luis Rodríguez.
De acuerdo a este informe policial, las personas que perdieron la
vida fueron identificadas como Víctor Mamani Puna y Moisés Quispe Ramos.
LINCHAMIENTO - JUSTICIA
El viceministro de Gobierno, Rubén Gamarra, lamentó las
consecuencias de ese hecho y anunció que ahora se tendrá que abrir dos
procesos, uno contra los presuntos ladrones y el otro contra pobladores
por la muerte de los dos sospechosos.
El Defensor del Pueblo afirmó que el linchamiento es simplemente un hecho delictivo que se da por grupos de personas.
Aunque afirmó que estos hechos, mal entendidos como justicia
comunitaria, se dan ante la desprotección ciudadana de la que son
objeto.
"Estos hechos se dan ante esa falta de seguridad optan por hacer justicia por su propia mano", aseveró.
El viceministro de Justicia, Wilfredo Chávez, afirmó que el linchamiento es un delito, más aún si de por medio hay muertos.
"Esto es un delito por supuesto que se ha atentado contra la vida
de las personas como que ya está constatado es sin lugar a duda una
responsabilidad penal", afirmó.
De su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Edmundo
Novillo, condenó cómo estos presuntos ladrones fueron golpeados,
rociados con gasolina y quemados parcialmente por la turba de
pobladores de Achacachi, confundiendo la "justicia comunitaria".
Planteó la necesidad de realizar ajustes a la Ley No. 1970 del
Nuevo Código de Procedimiento Penal (NCPP), para evitar que los
acusados de delitos sean liberados con facilidad.
Entre tanto, el senador del opositor Poder Democrático Social
(Podemos), Carlos Böhrt, señaló que estos hechos muestran el estado de
deterioro de los aparatos del Estado.
"Estos hechos nos muestran que la capacidad de administrar justicia
del Estado está muy débil, pero eso no quita que los excesos deban ser
también condenados y perseguidos", puntualizó.
Por su parte, el senador opositor Luis Vásquez consideró una nueva
Ley de Seguridad Ciudadana y cambios al Nuevo Código de Procedimiento
Penal para enfrentar el delito como el fenómeno de los linchamientos.
"Las once personas tomadas de rehenes en la población de Achacachi,
está demostrando hasta qué punto se ha llegado a perder el sentido de
Estado y su presencia en todo el país", señaló.
Rq/Dgav ABI
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