18/11/2008 - Situación en General

El Estado debe garantizar la educación superior

Los diputados de la comisión de Educación del Congreso de la Nación consensuaron un primer documento en vistas a elaborar una nueva ley de Educación Superior que la define como "bien social" y no como "bien transable".

"Esto implica garantizar la gratuidad de las carreras de grado y asumir la planificación el área con las universidades autónomas.

La responsabilidad principal de su financiamiento es estatal", dijo a Télam Adriana Puiggrós, impulsora del acuerdo que los diputados presentaron ayer al ministro de Educación, Juan Carlos Tedesco.

La ex directora general de Cultura y Educación bonaerense y actual diputada nacional sostuvo en presencia de Tedesco y del Secretario de Políticas Universitarias, Alberto Dibbern, que la ley, de sancionarse, mostrará un claro rechazo a la postura de la Organización Mundial de Comercio (OMC), que califica a la educación como "bien transable".

El acuerdo dice que los servicios "no pueden ser lucrativos o estar sujetos a la mercantilización", una marca de la Ley de Educación Superior que rige actualmente, tras su sanción durante el gobierno de Carlos Menem, en 1995.

Para el ministro de Educación, la iniciativa, que reunió a todos los bloques menos la Coalición Cívica, apunta a poner "a la Universidad y a la Educación Superior en su conjunto, al servicio de objetivos de crecimiento económico con justicia social".

"Declarar al conocimiento un bien público es un síntoma de ello", dijo Tedesco, y explicó que "éste debe ser producido y distribuido como un bien público y no estar sujeto a leyes de mercado".

En ese sentido, el acuerdo establece que la educación y el conocimiento "son bienes públicos y constituyen derechos personales y sociales, conforme lo establece la Ley 26.206 de Educación Nacional".

De esta manera, los diputados acordaron apoyar la centralidad del Estado en la garantía del financiamiento para el conjunto de la Educación Superior estatal y en la provisión de infraestructura edilicia y materiales didácticos, vinculados a nuevas tecnologías.

Puiggrós, impulsora del acuerdo, dijo que la norma considera a las universidades nacionales y provinciales organizaciones autónomas y autárquicas del Estado Nacional, las que deben "ser ejercidas de manera responsable, primando el interés común y rechazando la autonomía de mercado".

La diputada destacó que el acuerdo pone énfasis en un sistema de educación superior que valoriza a los mal llamados "terciarios", es decir, a la educación superior no universitaria.

El acuerdo se basó en una consulta que empezó en marzo último con amplios sectores de la comunidad -en encuentros regionales y provinciales- a los que se sumaron unas 80 entrevistas a catedráticos, intelectuales, organizaciones estudiantiles, Pymes, Fuerzas Armadas y de Seguridad, entidades rurales, entre otros. (Télam)