La Paz, 13 nov (ABI).- El Gobierno puso en marcha, desde las cero horas de este jueves, el plan denominado “Puño de hierro” mediante el Decreto Supremo Nro. 29788, como medida de lucha contra el contrabando de combustibles que sanciona éste ilícito a los infractores con penas hasta de 25 años de cárcel; y en las primeras hora de su ejecución se incautaron al menos 120 mil litros de diesel.
La norma, promulgada ayer, miércoles, establece que aquellas personas, surtidores o entidades que sean sorprendidas en posesión ilícita de gasolina, kerosene, diesel oil y Gas Licuado de Petróleo (GLP) serán sometidas a un proceso penal en el marco del artículo 48 de la Ley 1008 de sustancias controladas y otras normas legales vigentes.
“Quienes no tengan autorización, la
persona, sea el conductor o el ayudante, que incurran en este delito
(de contrabando de carburantes) sin autorización de la Superintendencia
tendrán la privación de libertad de 5 a 25 años, como establece el
artículo 48 de la Ley 1008”, advirtió el superintendente de
Hidrocarburos, Guillermo Aruquipa.
Según la autoridad del ente regulador, el presente decreto además
dispone que la incautación de combustibles de contrabando pase
directamente a la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos
(YPFB), sin la necesidad de la intervención de jueces y fiscales.
En ese marco, el Superintendente afirmó que la puesta en marcha del
plan “Puño de hierro” garantizará la distribución de carburantes en
todo el país a fin normalizar el abastecimiento y anunció la
intervención de algunas estaciones de servicio, en apego a lo
establecido en el Decreto Supremo Nro. 28752.
El plan involucra a diferentes instituciones, entre ellas la
Superintendencia de Hidrocarburos, la Policía Nacional, las Fuerzas
Armadas, la Aduana y el Ministerio Público.
Añadió que en apego al Decreto Supremo Nro. 29753 las Fuerzas
Armadas desplazarán más de 900 efectivos para controlar la distribución
y comercialización de carburantes en los más de 500 surtidores
diseminados en el territorio nacional.
La custodia militar a los surtidores también servirá para
brindarles seguridad gratuita por parte del Estado a las estaciones de
servicio, dijo Aruquipa, puesto que éstos denunciaron ser objeto de
varios asaltos.
Exhortó a los propietarios de los surtidores a brindar "toda la
cooperación" a los militares que desde hoy resguardarán esos puntos de
abastecimiento de combustibles.
La autoridad regulatoria señaló que esas medidas fueron asumidas
ante la escala de especulación desatada "por muchos malos ciudadanos
bolivianos que han utilizado (los carburantes) para lucrar".
PRIMERO RESULTADOS
De su parte, el presidente interino de YPFB, Santos Ramírez, en
oportunidad de lanzar el plan anti contrabando en Santa Cruz, garantizó
que todo el combustible decomisado será distribuido tanto al sector
agropecuario como al resto de la población.
“El plan será ejecutado con prioridad en Santa Cruz (…) La lucha
contra el contrabando tiene el objetivo de que ese diesel que sale del
país hoy se quede en el país y resolvamos el problema de
desabastecimiento”, apuntó Ramírez.
Asimismo, el Jefe del Departamento VI de Operaciones de las FFAA,
Gral. Gonzalo Lora, informó que como primeros resultados del plan “Puño
de Hierro” se logró detener 15 cisternas que transportaban entre 120 a
150 mil litros de diesel sin autorización.
De acuerdo al Superintendente de Hidrocarburos, tan sólo en la
región cruceña 35 por ciento del diesel, del total destinado a este
departamento, se ha desviado al mercado negro, en donde es revendido
hasta en 6 bolivianos el litro del producto.
Similar hecho se repite en la región del Beni, donde el litro del
diesel se comercializa hasta en 15 bolivianos, según reporte del
Control Operativo Aduanero (COA), expresó Aruquipa.
Fas/Dgav ABI
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