El argentino Rodolfo Mattarollo, que encabeza la comisión de la Union de Naciones Suramericanas (Unasur), citado por la agencia cubana Prensa Latina (PL), adelantó que el informe final de las investigaciones sobre la matanza de campesinos bolivianos ocurrida en el departamento de Pando, será entregado a finales de este mes.
"En la matanza, con un saldo de 18 muertos y más de 100 desaparecidos, la mayoría eran campesinos", agregó.
Mattarollo explicó que, como parte de la investigacion imparcial, el grujpo de UNASUR se entrevistó con campesinos víctimas de las agresiones en las localidades bolivianas de Porvenir y Filadelfia, de las que el Ejecutivo responsabiliza al prefecto Leopoldo Fernández, confinado en una cárcel de la ciudad de La Paz, Bolivia.
"Lo que nos
importa es el material que logramos obtener en testimonios directos de
los más diversos sectores, que será la fuente principal del informe
junto a las conclusiones de los peritos", remarcó el abogado argentino.
Por
otra parte, la Comisión Especial Multipartidaria que investiga esa
masacre reiniciará hoy su trabajo con la declaración del director del
Instituto de Investigaciones Forenses, Antonio Torres Balanza, quien
informará sobre el número de muertos y las causas de sus decesos, de
acuerdo a las necropsias realizadas por los peritos.
El
diputado miembro de esta comisión legislativa, Jorge Silva (Movimiento
al Socialismo-MAS), manifestó que una vez concluida la comparencia de
Torres Balanza, la Comisión hará una evaluación de toda la
documentación y declaraciones recibidas para definir una agenda de
trabajo, reportó la Agencia Boliviana de Información (ABI).
Dijo
que la evaluación puede derivar en comenzar a elaborar un "informe
final" o "ampliar las declaraciones de ambos bandos". Silva explicó que
no se descarta tomar declaraciones a Fernández en el penal de San Pedro
y aclaró que "la única
instancia que investiga los hechos luctuosos
como cabeza del Ministerio Público es la Comisión Multipartidaria de
Diputados, con lo que desautorizó el fallo de la Corte Suprema de
Chuquisaca que pidió trasladar a Sucre al detenido prefecto.
Por
otra parte, el gobierno anunció hoy que iniciará juicio penal contra el
ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) José Luis Baptista, por
uso indebido de influencias destinadas a liberar al prefecto de Pando,
principal acusado de la masacre del 11 de septiembre.
El
anunció lo realizó el viceministro de Justicia, Wilfredo Chávez, en
conferencia de prensa en el Palacio Quemado (sede del gobierno),
citando una serie de irregularidades en las que aparentemente incurrió
el magistrado para posibilitar la liberación de Fernández, recluido
preventivamente en el penal mencionado.
Según Chávez, el
gobierno analizó la conducta del ministro Baptista desde que tramitó de
manera "oficiosa" una inhibitoria en la ciudad de Sucre, en tiempo
récord, "menos de un día para favorecer a Fernández el 19 de septiembre
pasado".
A raíz de los hechos de violencia del 11 de septiembre
el Gobierno decretó el estado de sitio en Pando con el confinamiento
hasta la fecha de 25 personas y la detención de Leopoldo Fernández
acusado de ser el principal autor de la masacre.
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