Darío Abdala, Director Ejecutivo de ANDHES (Abogadas y Abogados del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales) planteó ante la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que “las políticas públicas implementadas por nuestros estados en materia de infancia y adolescencia en realidad están imbuidas por una lógica de control social”.
Además señaló que “la privación de libertad es la principal respuesta que hoy tienen nuestros estados a la hora de enfocar la problemática”.
Detalló luego que “los niños, niñas y adolescentes privados de libertad representan, en el caso de Uruguay, el 57 por ciento del total de personas que entran al sistema penal, y el 29 por ciento en el caso de Argentina”. Control social, penalización de la pobreza y privación de libertad son las políticas públicas que aplican los estados de Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil hacia los niños, niñas y adolescentes que habitan sus territorios. Es la síntesis de lo que expresaron organizaciones de infancia de esos países durante una audiencia que se desarrolló en Washington D.C. el pasado martes 28 de octubre ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la sede de la Organización de los Estados Americanos.
Si bien cada una de ellas ya se había presentado ante la Comisión Interamericana por audiencias referidas a cuestiones de cada país, en el 133° período ordinario de sesiones de ese organismo el Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia de Argentina (colectivo que integra la organización del NOA, ANDHES), el Comité de los Derechos del Niño de Uruguay, la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia de Paraguay y la Asociación Nacional de Centros de Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes de Brasil se presentaron de manera conjunta para informar sobre la situación de los menores de 18 años en la región. Puertas adentro, en sus territorios, estas coaliciones son a su vez redes de organizaciones que trabajan desde la sociedad civil por los derechos de la infancia.
“Existe una gran brecha en el campo de los derechos humanos, entre el posicionamiento internacional que han tenido nuestros países al momento de firmar y ratificar los tratados internacionales de derechos humanos y las realidades que hemos observado en nuestras naciones”, observó Soledad Cáceres, miembro de la Coordinadora de Paraguay. En el caso de Argentina son 14 años, considerando que la Convención sobre los Derechos del Niño se incorporó a la Constitución Nacional en 1994 y que en la actualidad aún hay leyes vigentes que no se adecuaron a ese tratado.
Lejos de una idea abstracta, la distancia que refiere Cáceres, entre los compromisos asumidos y lo que efectivamente sucede en cada país, es verdaderamente un abismo, y se padece en carne y hueso. “En los cuatro países se observa la ausencia de planes y programas socio educativos que tiendan a la reintegración de los adolescentes que están privados de libertad —señaló la especialista—. Observamos además que se registran hechos de malos tratos, apremios ilegales y torturas contra los adolescentes privados de libertad, inclusive hechos de muerte, como en los casos de los países de Brasil y Argentina”.
Pero además, y antes de ingresar al sistema penal, en la misma puerta del circuito de privación de libertad ya se están violando derechos. “Los jóvenes no tienen una defensa, buena y segura, que les pueda garantizar un proceso justo, un proceso legal”, advirtió el representante de la coalición brasileña, Carlos Nicodemus. Y respecto a esa instancia, dijo también que en sus actuaciones los fiscales ignoran la protección de derechos humanos. “Lo que tenemos son fiscales que trabajan con una perspectiva de acusación profundizando este problema judicial”, añadió. También reparó en la falta de especialización con que opera la justicia, carente de trabajadores sociales, psicólogos y especialistas.
“Las políticas públicas implementadas por nuestros estados en materia de infancia y adolescencia en realidad están imbuidas por una lógica de control social —sostuvo Nora Pulido, del Colectivo de Infancia de Argentina—. Tiene que haber un desarrollo de garantías hacia esa población, frenando de esa manera la discrecionalidad del estado”. Darío Abdala, miembro de la misma coalición e integrante además de la organización Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES) señaló que “la privación de libertad es la principal respuesta que hoy tienen nuestros estados a la hora de enfocar la problemática”, y detalló luego que “los niños, niñas y adolescentes privados de libertad representan el 57 por ciento, en el caso de Uruguay, del total de personas que entran al sistema penal, y el 29 por ciento en el caso de Argentina”.
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