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Alcaldía derechista de Santa Cruz derribó viviendas construidas por el gobierno de Evo Morales

Maquinaria pesada y gendarmes de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, derribaron ayer más de 150 viviendas construidas por el gobierno nacional en jurisdicción del municipio de Warnes, en el marco del programa de vivienda social que encara el presidente Evo Morales, según un despacho difundido ayer miércoles por la Agencia Boliviana de Información (ABI).

Los avasalladores no tomaron en cuenta una resolución de la Prefectura de Santa Cruz que suspendía cualquier acción edil en contra de la demolición de esas viviendas de ayuda social, construidas con ladrillos y techos de teja.

Tras esa acción –que fue calificada de criminal por la representante presidencial en esta región, Gabriela Montaño–, los vecinos, tras salir de su sorpresa, se organizaron y expulsaron a los avasalladores, no sin antes protagonizar un enfrentamiento con piedras, pedazos de ladrillos, palos y cuanto objeto contundente hallaron a su paso.

Con el empleo de maquinaria pesada del municipio, decenas de gendarmes municipales demolieron las casas, cuya construcción demandó una inversión de al menos 15 millones de bolivianos (unos 2,205 millones de dólares estadounidenses).

El argumento de los demoledores fue que esas viviendas supuestamente fueron construidas en “terrenos del municipio de Santa Cruz que estaban destinados a áreas de equipamiento”, pero esta aseveración fue desmentida por los afectados que anunciaron que interpondrán un recurso legal en contra del alcalde Percy Fernández.

Mientras la maquinaria arrasaba aún algunas casas, los vecinos salieron en defensa de esos inmuebles que beneficiaban a personas de escasos recursos económicos, y con el apoyo de los habitantes de Warnes expulsaron a los gendarmes.

Durante el enfrentamiento, que duró varios minutos, los pobladores lanzaron piedras y pedazos de ladrillos contra los gendarmes, quienes, al verse superados en número, no tuvieron otra opción que escapar del  lugar.

Algunos intentaron defenderse, pero fueron correteados por la furia desatada entre quienes perdieron su techo propio, el mismo que consiguieron luego de muchos años de espera y que lograron con el apoyo del Gobierno Nacional.

La Alcaldía de Santa Cruz, según Montaño, será en última instancia la que asuma la reposición de los daños materiales causados y aseguró que su Representación Presidencial junto al Viceministerio de Vivienda asumirán las acciones legales correspondientes.

La representante Presidencial en Santa Cruz acusó a los autores materiales e intelectuales de ese avasallamiento de haber cometido “un acto criminal” y aseguró que deberán “asumir las consecuencias de esos actos”.

“La destrucción de estas casas es un crimen, hay que llamarlo por su nombre, y quienes han llevado a cabo estos hechos son criminales”, expresó Montaño, visiblemente contrariada.

A la acción penal contra los responsables de ese avasallamiento anunciado por los beneficiarios afectados, la Representación Presidencial y el Viceministerio de Vivienda; se sumarán la empresa constructora y la entidad financiera que desembolsó los recursos.

“Esos 15 millones de bolivianos van a tener que ser devueltos y repuestos por alguien, y ese alguien va a ser el municipio de Santa Cruz luego de un proceso legal”, sentenció Montaño, citado por ABI.