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El 21% de los fondos de servicio universal de Latinoamérica fueron invertidos para la prestación en zonas no rentables

Más de 4.000 millones de dólares acumulan los fondos de servicio universal de países de Latinoamérica, de los cuales se utilizaron hasta el momento 21 por ciento de los recursos para concretar la prestación en zonas no rentables, según la consultora Signals.

Los fondos de servicio universal fueron gestados a la par de la apertura de los mercados de telecomunicaciones a la competencia como una garantía de que esos recursos servirían para llevar servicios a las zonas o grupos sociales que no resultaran de interés para las empresas.

Según Signals, desde el año 2000 hasta el año pasado se acumularon en la región más de 4.000 millones de dólares bajo este concepto, de los cuales "por impedimentos legales sólo se invirtieron el 21 por ciento de los fondos".

La estimación de la consultora es que el 30% de estos recursos alcanzaría para llevar telefonía fija residencial al cien por ciento de los hogares de la región hacia el año 2013 y el 70 por ciento permitiría expandir en el mismo segmento los servicios de internet de banda ancha.

"El accionar del mercado seguirá siendo el principal impulsor de la penetración de los distintos servicios de telecomunicaciones, con la telefonía como principal prioridad, aunque lentamente se priorizarán los accesos de banda ancha", comentó el analista argentino Carlos Blanco, de Signals.

Precisó que Brasil es el país con mayor cantidad de fondos por Servicio universal acumulado -3.000 millones de dólares-, debido a las presentaciones judiciales realizadas por actores entrantes a fin de evitar que las empresas mayoritarias sean "las únicas que reciban el dinero de los subsidios".

Colombia se ubica en segundo lugar, pero ha generado políticas activas para la reinversión del dinero, seguido por Venezuela dónde se ejecutó todo el Presupuesto.

Perú es el cuarto país por volumen de recaudación, mientras que en Chile y en México el aporte al SU lo hace el Estado y no los operadores privados.

Respecto de la Argentina, Blanco señaló que recién este año se creó la cuenta bancaria dónde las empresas deben depositar el 1 por ciento de su facturación para financiar proyectos que ya fueron elevados a un "cuerpo mixto estatal-privado", que definirá el destino de los recursos.

Originalmente, los decretos que dieron pie a la apertura del mercado de telecomunicaciones en el país preveían la conformación de un concejo de servicio universal dirigido por la Secretaría de Comunicaciones e integrado tanto por los operadores como por representantes de consumidores.