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Allanaron diez AFJP, tras una denuncia por posible defraudación a la administración pública

El juez Claudio Bonadío ordenó los procedimientos en las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones. Es en el marco de la denuncia del fiscal Guillermo Marijuan, quien investiga si las empresas comenzaron a liquidar sus activos cuando trascendieron los cambios jubilatorios. El martes, el Gobierno presentó el proyecto del nuevo sistema previsional para derogar el esquema de jubilación privada.

La Justicia federal allanó este miércoles las sedes centrales de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) para determinar si cometieron maniobras fraudulentas, como el desprendimiento de activos, antes de que el gobierno anunciara la decisión de enviar un proyecto de ley para unificar en manos del Estado el sistema provisional.

Fuentes judiciales informaron a Télam que durante los operativos, ordenados por el juez Claudio Bonadio, se secuestró documentación sobre las composiciones societarias de las entidades, de las operaciones que realizaron en los últimos días y soportes informáticos.

Personal de la División Defraudaciones y Estafas de la Policía Federal trabajó en las sedes centrales de las diez AFJP que operan en el mercado, por lo que el material incautado es "enorme" y se evaluaba guardarlo en forma transitoria en alguna dependencia de la fuerza con amplia capacidad.

Tras la denuncia formulada este martes por el fiscal Guillermo Marijuan, quien alertó sobre las posibles maniobras, su colega Miguel Angel Osorio dictaminó que debía abrirse una investigación y solicitó los allanamientos que se concretaron en horas de la tarde.

La intención es realizar "un arqueo inmediato de todas las disponibilidades, compras y ventas de los últimos días para determinar si hay que modificar en algún sentido, tanto para agravarla como para aliviarla, la medida cautelar que dictó el juez", explicó un vocero judicial.

Es que el martes, el magistrado prohibió que las AFJP realizaran operaciones durante una semana hasta tanto se determine los movimientos que realizaron con anterioridad con los bonos que tenían en su poder.

Tanto el juez como el fiscal comenzarán a analizar la documentación en las próximas horas y en caso de que se verifiquen irregularidades "habrá que evaluar el nombramiento de un veedor o interventor en la entidad que haya cometido anomalías", agregó la fuente.

Una de las sospechas es que las AFJP pudieron haber comprado o vendido papeles compatibles con intereses particulares de sus socios, lo cual perjudicaría a los afiliados. Marijuan, en su carácter de titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social (UFISES), denunció a una decena de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones por haber liquidado presuntamente bonos soberanos en las últimas horas, al cobrar cuerpo la posibilidad de que el sistema privado sea eliminado.

La venta masiva de títulos -según la presentación del fiscal- ocasionó una fuerte caída en el valor de los mismos. Las fuentes dijeron que tras la decisión de Bonadío, las empresas fueron notificadas de inmediato, de modo de garantizar el cumplimiento de la medida.

En su denuncia, Marijuan atribuyó a las AFJP el presunto delito previsto en el artículo 174 del Código Penal, que establece penas de dos a seis años de prisión a quienes cometieren fraudes en perjuicio de la administración pública.