El juez federal de Santiago del Estero, Guillermo Molinari, ordenó la exhumación de cadáveres que se sospecha fueron enterrados como NN durante la última dictadura militar en un cementerio de la capital santiagueña, informaron fuentes judiciales.
La medida judicial surgió tras un llamado anónimo recibido por Luis Garay, integrante del Instituto Espacio de la Memoria.
El mismo daba cuenta del entierro de víctimas de la represión en el cementerio La Piedad, ubicada en el acceso oeste a la capital santiagueña. La exhumación de los cadáveres y estudios estará a cargo del Equipo Argentino de Antropología Forense, que tiempo atrás identificó el cuerpo de Norma Delia Sibantos, una mujer tucumana que se encontraba desaparecida desde el 19 de junio de 1978 y fue asesinada de varios balazos en la cabeza.
Asimismo, distintas organizaciones de derechos humanos, reclamaron la agilización de causas judiciales contra los ex militares Antonio Domingo Bussi, Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez. Se trata de causas pendientes por delitos de lesa humanidad, que se tramitan ante el Juzgado Federal de Santiago del Estero y en la que también se encuentran acusados ex policiales santiagueños de la denominada "Gestapo santiagueña", desarticulada hace cuatro años por el ex interventor federal Pablo Lanusse.
En esa oportunidad se inició un proceso judicial contra militares y policiales por presunta participación en "torturas y desapariciones" de personas durante la última dictadura militar.
Asimismo, se realizaron otros procedimientos, entre ellos la exhumación de los restos de Consolación Carrizo, otra de las víctimas de la última dictadura, enterrada en un cementerio de Arraga, que murió en extrañas circunstancias, tras su detención en la SIDE santiagueña.
En las mismas causas, también se encuentran acusados los ex tenientes del Ejército, Jorge D`Amico, Roberto Bendoya, Horacio González y Pedro López, que en la década del 70 prestaron servicios en el Batallón de Ingenieros de Combate 141 con asiento en la capital santiagueña.
Entre los acusados por delitos de lesa humanidad, también figura Antonio Musa Azar, recientemente condenado a prisión perpetua por el doble crimen de La Dársena.
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