La justicia francesa imputó ayer miércoles al fundador de Telegram, Pavel Durov, de origen ruso, con una serie de cargos vinculados al crimen organizado, pero lo dejó en libertad bajo control judicial y con la prohibición de abandonar el país.
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Al multimillonario de 39 años, detenido el sábado en el aeropuerto de Le Bourget al norte de París, se le acusaba de no actuar contra la difusión de contenidos delictivos en su servicio de mensajería cifrada.
Los jueces de instrucción lo imputaron por "complicidad en la administración de una plataforma en línea por permitir una transacción ilícita, en banda organizada", castigado con hasta 10 años de cárcel.
Entre los otros delitos imputados figuran el rechazo a cooperar con las autoridades en las interceptaciones autorizadas por la ley y blanqueo de crímenes en banda organizada.
Los magistrados también lo investigan por "complicidad" en la distribución de imágenes de pornografía infantil, narcotráfico, estafa en banda organizada y asociación de malhechores para cometer delitos, entre otros.
La compañía ya aseguró tras la detención que "cumple las leyes de la Unión Europea" y que "es absurdo afirmar que una plataforma o su propietario son responsables de los abusos".
"Es totalmente absurdo pensar que el responsable de una red social" como Pavel Durov, "pueda estar involucrado en hechos criminales" que serían cometidos a través de su mensajería, declaró su abogado, David-Olivier Kaminski, en el tribunal de París.
"Telegram está conforme en todos los puntos a las reglas europeas sobre lo digital, es moderador con las normas idénticas a las otras redes sociales", reiteró el abogado, que defiende con su colega Julia Bettach a Durov.
Telegram, que cuenta con 900 millones de usuarios, se ha posicionado como una alternativa a las plataformas de mensajería estadounidenses, criticadas por su explotación comercial de los datos personales de los usuarios.
La mensajería cifrada, que defiende la confidencialidad, desempeña un papel clave en el contexto de la ofensiva rusa en Ucrania, iniciada en febrero de 2022, y es usada activamente por políticos y observadores de ambos bandos.
Pero sus detractores acusan a Telegram de albergar contenidos a menudo ilegales, desde imágenes sexuales extremas a desinformación, pasando por servicios de compra de drogas.
La justicia francesa había abierto una investigación el 8 de julio por complicidad en delitos organizados en la plataforma y también había emitido una orden de detención contra su hermano Nikolai, cofundador de Telegram en 2013.
Francia decidió también este miércoles abrir otra investigación contra Pavel Durov por "violencia grave" contra uno de sus hijos nacido en 2017 por hechos ocurridos en París, indicó una fuente próxima al caso.
Apoyos de Musk y Snowden
Durov, afincado en Dubái en los últimos años y con pasaporte también francés, llegó a París procedente de Bakú y tenía previsto cenar en la capital francesa, según fuentes cercanas al caso.
El presidente ruso, Vladimir Putin, también estuvo en la capital de Azerbaiyán los días 18 y 19 de agosto, pero el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, negó que ambos se hubieran reunido.
Moscú declaró el martes que los cargos son "muy graves" y advirtió a Francia que no intente "intimidar" a Durov, pese a que el presidente francés, Emmanuel Macron, negó que su detención fuera "política".
Durov, cuya fortuna la revista Forbes estima en 15.500 millones de dolares, recibió también el apoyo del jefe de la red social X, Elon Musk, y del denunciante estadounidense residente en Rusia Edward Snowden.
Según Telegram, su fundador tiene también la nacionalidad de Emiratos Árabes Unidos, donde tiene su sede la compañía. Este país pidió a Francia un acceso consular a Durov.
Esta figura enigmática, que rara vez habla en público, dejó Rusia hace 10 años, y promociona con orgullo su estilo de vida, que incluye baños de hielo y la abstinencia del alcohol y el café.
En los últimos días, aparecieron numerosos interrogantes sobre el momento y las circunstancias de su detención, en particular por qué voló a París si pesaba sobre él una orden de detención. AFP
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